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Palacios, apartamentos y otras prebendas

La instauración de las autonomías obligó a crear instituciones nuevas y a dotarlas de los medios adecuados para su funcionamiento: recursos económicos, humanos e infraestructura. A imitación del Gobierno central se crearon presidencias y ejecutivos, parlamentos y todo tipo de instituciones derivadas. Como parte del proceso de puesta en valor y búsqueda de legitimidad, se rehabilitaron muchos edificios patrimoniales para usos institucionales. Además se crearon residencias oficiales para los presidentes, habitualmente con una doble función, residencial e institucional. En algunos casos se utilizaron palacios de gran belleza arquitectónica, como en Cataluña o Andalucía, mientras que en otros se rehabilitaron edificios de menor significación. En otros casos sencillamente se acudió a la construcción de edificios de nueva planta.

Cabe recordar que todos los miembros del Ejecutivo estatal disfrutan de vivienda oficial, como ocurre en otros países. Los presidentes autonómicos comparten ese privilegio, con independencia de que unos y otros lo utilicen o renuncien a su uso. No son los únicos servidores públicos con residencia oficial. Delegados del Gobierno, algunas autoridades militares, presidentes de tribunales superiores y algunos otros disfrutan asimismo del privilegio sobre el que se extiende un manto de opacidad. Algunas de las citadas residencias oficiales, perfectamente equipadas, incluyen dotación de personal y gastos de funcionamiento, en otros casos el privilegio se reduce al disfrute de la residencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid parece abonada al escándalo mediático, si es que no lo busca en la estela de sus antecesoras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Prácticamente no transcurre una semana sin que alguna decisión suya sea motivo de polémica. Al margen del interés de sus rivales para derribarla, algunas de sus actuaciones son difícilmente inteligibles. El último escándalo es a cuenta de su residencia en un aparthotel de lujo en el que, a precio reducido, vive desde hace dos meses. Como su antecesora Cifuentes, ha ido ofreciendo varias explicaciones distintas que demuestran una cierta voluntad de crear confusión. Aduce que necesita una vivienda oficial digna (quién no) para ejercer sus funciones a distancia pues su vivienda privada no reúne condiciones. Añade que renunció a la residencia oficial pues estaba contagiada, explicación extraña pues le bastaba cerrar la puerta. En todo caso su frenética actividad mediática no ha sido impedida ni por la cuarentena ni por su estado posterior que la lleva a protagonizar actos multitudinarios.

Para intentar cortar la polémica, anuncia que pagará la factura de su bolsillo, pues lo contrario sería difícil de explicar: si la paga la Comunidad debería de justificarse, lo que parece imposible, si es un regalo de la entidad hostelera entraría en supuestos de cohecho. Nada le impide vivir en un hotel si puede costeárselo aunque el matiz del precio la pone en evidencia. No es precio de mercado por un residencial de lujo, o al menos no lo era hasta la fecha. Para terminar de embrollar la situación, la cadena hotelera ha sido una de las que han ofrecido sus instalaciones a la sociedad durante la crisis sanitaria aunque se ha filtrado una posible factura por esos servicios. Tras haber negado que la citada factura fuese real, ha sido destituido un alto cargo. Las informaciones apuntan a una maniobra del vicepresidente madrileño, de Ciudadanos.

Al sainete personal se añade el conflicto político. Una eventual coalición de Ciudadanos con el PSOE más el respaldo de Más Madrid provocaría una moción de censura y el cambio en la presidencia. Es una alianza arriesgada pero si la situación política se deteriora, puede llegar a ser inevitable, como lo fue la caída de Cifuentes, enredada en sus mentiras. Mientras se fragua el acuerdo se puede entretener la espera a 80 euros la noche en un aparthotel de lujo en la mejor zona de Madrid. Se desconoce si hay derecho de admisión.

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