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Gobierno y comunidades nos deben muchas explicaciones

Si en cualquier guerra la primera víctima es la verdad, la lucha contra la pandemia, que usa y abusa de la terminología militar, no podía ser una excepción. Al récord mundial de muertos en proporción a la población española se suma ahora la sospecha, asumida por el Gobierno, de que se han producido miles de fallecimientos adicionales que no han sido registrados. Es probable que en los demás países esté ocurriendo lo mismo, consuelo inútil.

A estas alturas sabemos que los hospitales, epicentro de la respuesta, han respondido con gran profesionalidad, habiendo controlado la situación con sus propios medios y el concurso puntual de los hospitales privados. El punto crítico han sido los servicios de Urgencias y de Cuidados Intensivos, los mejor dotados tecnológicamente. La habilitación de instalaciones de emergencia como hoteles, Ifema y recintos similares, para pacientes menos graves, se ha hecho con rapidez y rigor. Solo cuando las diferencias políticas entre autoridades se han hecho manifiestas, como en Cataluña, se han producido disfunciones.

Esa capacidad de respuesta en situaciones extremas no puede hacernos olvidar algunas lecciones. Se han puesto de manifiesto las consecuencias de la política de recortes en la sanidad iniciada tras la crisis de 2008, en forma de minoraciones de plantilla, elevada temporalidad y menor capacidad de planificación. El material sanitario específico ha sido insuficiente, una imprevisión de las comunidades autónomas y del Ministerio que aún no ha sido suficientemente explicada. La externalización de la producción produce situaciones paradójicas. Así, Marruecos está produciendo tres millones de mascarillas al día, utilizando la industria de la confección. Las empresas de moda españolas, que impusieron el modelo de externalización global, controlan el mercado mundial de la venta de ropa, pero no pueden producir, tras liquidar toda la industria de hilaturas y confección. La globalización ha creado fortunas pero también ha precarizado masivamente y nos ha hecho dependientes.

Las residencias de personas mayores han sido abandonadas a su suerte y hoy aportan una tercera parte de las víctimas mortales. No se las puede responsabilizar. A pesar de que eran foco crítico de contagios, la insuficiencia de material preventivo o de profesionales, han creado condiciones críticas. De nuevo comunidades autónomas y el vicepresidente que tuvo prisa por ponerse al frente, no se sabe para qué, tendrán mucho que explicar.

Luego de tantos discursos enfáticos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Educación sobre tecnología, informatización, calidad y tras mucha jerga pedagógica, la suspensión indefinida del curso académico nos devuelve un siglo atrás: solo la escolarización obligatoria y presencial garantiza una cierta igualdad en el acceso a la educación. Se ha dejado en manos de los profesores, sin recursos para ello, la continuidad del aprendizaje. Millones de familias no disponen de los recursos o la motivación para hacerlo. La oferta que hacen las autoridades a través de televisión o Internet, es mínima y de calidad harto discutible. Peor aún: hace más de una década que los intentos del sector editorial de crear sistemas de aprendizaje en la red fueron abandonados por la falta de interés de las administraciones educativas. De nuevo, habrá que dar muchas explicaciones en el futuro.

La crisis debería hacernos más humildes. Tenemos una buena sanidad, pero no es la mejor del mundo y presenta carencias críticas que deberían corregirse. Entre ellas que el personal médico y de enfermería está peor retribuido que en cualquier país de nuestro entorno, lo cual no se compensa con aplausos diarios ni retórica sobre el heroísmo. Nuestros sistemas de bienestar o de educación son manifiestamente mejorables y deberíamos extraer lecciones de lo ocurrido.

El debate político es bienvenido pues la democracia no debe estar secuestrada ni confinada. Pero los tres problemas citados, y aún podríamos añadir algunos más, no son cuestión de partidismos. Unos y otros tienen responsabilidades de gestión y deberían abordar rigurosamente el análisis de los hechos, el reconocimiento de los errores o de los puntos críticos y las medidas para paliarlos. Son los problemas reales que preocupan a los electores.

Gobierno y comunidades nos deben muchas explicaciones
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