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El proceso a Martín Villa

HE VENIDO a defenderme y, sobre todo, a defender que en la Transición, una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, no hubo delitos de genocidio. La Transición supuso esencialmente la reconciliación entre los españoles».

Así se expresó Martín Villa ante la juez argentina Sevini empeñada en identificar y enjuiciar a los responsables de los crímenes del franquismo tras la querella interpuesta en 2010 por tres ciudadanos. Al exministro le imputa "por elevación" una docena de muertes de los años 1976 y 1977.

Martín Villa, amparado por la justicia española porque los supuestos delitos estarían prescritos o blindados por la Ley de Amnistía, quiso comparecer porque no acepta la "presunción de culpabilidad" y para evitar un proceso a aquella etapa de la historia de España. Le arroparon los expresidentes del Gobierno, los padres de la Constitución vivos y personalidades políticas y sindicales que resaltaron "su compromiso permanente en la defensa del Estado de Derecho".

El espacio de este comentario no permite profundizar en los hechos, ya contados en muchas crónicas. Pero posibilita formular unas preguntas. A la fiscal general del Estado: ¿por qué autoriza que una juez del régimen peronista investigue supuestos delitos cometidos por españoles en España que solo compete juzgar aquí? ¿Le parece justo juzgar a un hombre que trabajó por la concordia entre los españoles?

Al vicepresidente Iglesias: ¿de verdad cree que los protagonistas de la Transición cometieron crímenes de lesa humanidad y genocidio y "merece que rompamos la inmunidad"?

Al presidente del Gobierno hay que preguntarle con quién está, si con sus antecesores en el Gobierno que arroparon a Martín Villa o con los que quieren dinamitar el régimen del 78 nacido de aquella Transición que se estudió en universidades, fue envidiada en muchos países y gracias a ella vivimos el período más largo de progreso y libertad en España. Allí estaba Martín Villa coliderando el cambio de la dictadura a la democracia que buscaba la convivencia pacífica de los españoles.

La juez Servini acaba de exonerar a Máximo Kirchner de un cargo de sobornos; está viendo cómo la vicepresidenta Kirchner promueve la reforma de la justicia para lograr la impunidad de la corrupción que se le imputa; y en 2001 ordenó desalojar a los manifestantes de la Plaza de Mayo que protestaban por el corralito con el resultado de seis muertos.

Ahora quiere redimir a los españoles de los pecados políticos, supuestamente cometidos hace más de cuarenta años. Un proceso impúdico, tan detestable como vergonzoso.

El proceso a Martín Villa
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