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Para reforzar la ideología

El Gobierno debería mentalizarse de una vez por todas que al colegio y a la universidad se va a enseñar y aprender, no a adoctrinar y ser adoctrinado

EL CONGRESO aprobó por la mínima la ley Celaá, que pasará al Senado para su aprobación definitiva, a pesar del no rotundo de la comunidad educativa a la que no se le ha consultado. Precisamente si hay un ámbito en España inasequible al consenso es por desgracia el educativo, que debería ser el que concitase mayor acuerdo, porque el futuro de un país en la economía global del conocimiento lo determina cada vez más el valor añadido que aporta el nivel formativo de su población.

La Lomloe es una ley infame que rubrica lo que sostenía la ministra de Educación de que los hijos no pertenecen a los padres. Se inventa un derecho a la educación pública y restringe la oferta educativa por rancios motivos ideológicos, limitando la libertad fundamental y constitucional de los padres para elegir centro y tipo de educación para sus hijos. Todo ello, no porque el Gobierno defienda pretendidas igualdades o luche contra las fantasmagóricas discriminaciones económicas, sino porque es en las familias y en la escuela libre donde los planteamientos manipuladores encuentran peor acomodo.

Se destierran las humanidades, los saberes se sustituyen por destrezas, se renuncia al análisis y a la reflexión y se rebaja hasta la desvergüenza la exigencia académica. Así, en un tiempo en el que se hace más necesario que nunca fomentar la excelencia, el Ejecutivo hace lo contrario, al ampliar la brecha social entre alumnos cuyos padres puedan pagar colegios privados de calidad y los condenados a educarse en centros públicos menos exigentes y más condicionados por lo político.

Para redondear el tic sectario, la asignatura de Religión, que se cursa con normalidad en casi todos los países europeos y es la opción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año, pierde peso en favor de una de valores éticos, en la que Podemos espera colar sus obsesiones identitarias radicales. Suprimir la religión como materia evaluable es un error, porque no se trata de apoyar a la Iglesia, sino de adquirir la formación que da el estudio de las raíces religiosas y culturales de la civilización occidental que, guste o no, son cristianas.

Por otra parte, siendo todas las medidas espantosas y perniciosas, la más cruel es la que condena a la desaparición a la educación especial, derivando a sus alumnos desde sus colegios actuales, donde tienen medios y profesores especializados, a colegios ordinarios. ¿Cabe mayor atropello de los derechos de unas personas a las que hay que cuidar y proteger?

Como colofón a todo este esperpento, la norma desampara al castellano que deja de ser vehicular, como concesión a los nacionalistas a cambio de votos para afianzar los presupuestos. Algo así como confiar el gallinero al cuidado del zorro.

El Gobierno debería mentalizarse de una vez por todas que al colegio y a la universidad se va a enseñar y aprender, no a adoctrinar y ser adoctrinado. La sociedad española es diversa y democrática, por eso el control político agrede la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología que limita la pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en valores éticos, filosóficos o religiosos que contribuyen al desarrollo integral de la persona. Me temo que de seguir así, a la larga, todos pagaremos un alto precio, en la forma de una sociedad sin principios, valores, espíritu de sacrificio, esfuerzo, aspiraciones ni prosperidad.

Para reforzar la ideología
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