TRAS 20 años desde la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y 14 desde la modificación de 2007, el ministro Manuel Castells anuncia una reforma. Como toda institución centenaria, la universidad precisa mejorar la calidad de sus prestaciones, y ello debe hacerse teniendo presentes tres frentes de actuación: las personas, las funciones a realizar y la manera de organizarse. Asimismo, la reforma debe acertar en el diagnóstico, eliminar los intereses partidistas, evitar el cortoplacismo, construir un consenso en torno a un modelo ampliamente aceptado que dure en el tiempo y dé frutos y poniendo a trabajar conjuntamente a todos los agentes: universidades, gobiernos, empresas y sindicatos.
La universidad española vive desde hace años en una permanente dicotomía: tiene a muchas personas que se dedican a reflexionar, analizar con rigor y proponer innovaciones para su progreso, pero no parece tener en cambio una dirigencia política que se ocupe suficientemente de su presente y su futuro, y que olvidan que esta no es un gasto ni un privilegio, es una inversión social imprescindible para el progreso de la sociedad.
En los últimos años ha experimentado un gran crecimiento, pasando de 700.000 universitarios en los 70 a los casi millón y medio que actualmente se forman en 50 universidades públicas y 34 privadas. Frente a esto entre 2008 y 2019, ha perdido el 21% de su financiación pública y el 4% de su personal. Sus matrículas son las cuartas más caras de Europa (detrás de Gran Bretaña, Irlanda y Holanda) y la aportación para becas representa un 0,11% del PIB frente a una media del 0,31% en la OCDE.
Con relación a los ránkings internacionales, una publicación del Foro Económico Mundial que habla de "los países que ofrecen a sus ciudadanos la mejor educación superior", identifica a España como el séptimo país del mundo por porcentaje de universidades en el top 1.000 de las mejores universidades del planeta.
Necesitamos un sistema universitario vigoroso, capaz de crear e incorporar el nuevo conocimiento, así como de ofrecer una formación que responda a las expectativas de futuro de la sociedad. Los retos fundamentales que han de abordarse con convicción y acción política son: la financiación, la autonomía y la gobernanza. Hay otros problemas graves, por ejemplo el de garantizar una renovación generacional del profesorado, pero si se solucionan los antes mencionados, los demás caerán por sí solos.
El futuro de la universidad condiciona radicalmente el futuro de la sociedad, por ello es oportuno, frente al pesimismo fatalista de los que piensan que nuestra universidad no tiene remedio y se recrean en tópicos injustos, y en contra de quienes quieren continuamente aplazar las reformas alegando necesidad de mayor reflexión, señalar que solamente ha de reformarse lo que puede y debe mejorar.
