LA DUREZA de la crisis del covid, el envejecimiento de la población y la reciente reactivación del empleo público hacen que se haya disparado el número de personas que viven del dinero público hasta una cifra que supone el 44% de la población total del país. La lista incluye: trabajadores del sector público, beneficiarios de prestaciones (pensionistas o parados que cobran desempleo), y ahora, afectados por Ertes, autónomos que perciben prestación excepcional, o empleados que han finalizado sus contratos y no encuentran trabajo. Esto provoca en la España subvencionada una constante presión para elevar el gasto público.
En 2021 seremos el país de la UE que más empleo público creará y nos encontraremos con la peculiaridad, según la última Epa (Encuesta de Población Activa), de tener 14 millones de personas dependientes del Estado mantenidas por cerca de 13,5 millones de asalariados del sector privado. Esta diferencia se incrementará al sumarle los que esperan recibir la renta mínima vital, lo que dejaría la rúbrica final en el entorno de 21 millones de dependientes, de una u otra manera, de las ayudas y el gasto que desembolsa el Estado.
Esto supone que la parte de la sociedad que obtiene sus ingresos en el mercado a cambio de suministrar bienes y servicios a los demás, tiene un tamaño inferior a la que vive de los impuestos y que devuelve a las arcas públicas, mucho menos de lo que cuesta. Este resultado debería cuestionar nuestro modelo socio-económico y preguntarnos ¿cuál es la dimensión óptima del sector público?
Los trinquetes son mecanismos que solo avanzan en una dirección: hacia delante, nunca hacia atrás. El aumento del tamaño del Estado se asemeja a ese trinquete, que una vez crece, es muy complicado hacerlo retroceder. Hay demasiados grupos de interés (empleados públicos, pensionistas, contratistas, subvencionados, etc.) frontalmente opuestos a que ese intervencionismo estatal se desmantele.
El Estado, no debería controlar más del 10% del PIB del país, ya que si buena parte de sus funciones pueden ser desempeñadas con eficiencia y justicia por el sector privado, su papel debería ser subsidiario de la sociedad civil (y no prioritario, tal y como sucede en aspectos como la educación, la sanidad o la asistencia social). Y aunque ciertamente el gasto público no es la única variable relevante a la hora de enjuiciar el grado de su intromisión en nuestras vidas (las regulaciones no son gasto y son más limitativas de libertades) este, sí constituye una variable fundamental, ya que cuantos más recursos maneje, menos manejarán los ciudadanos.
En España el Estado controla la increíble cifra del 51% del PIB, por lo que pasar a un 10% supone una misión absolutamente imposible ni a medio plazo. Hay modelos de Estados funcionales y apreciablemente más pequeños (en cuanto a volumen de gasto público) que el nuestro, pero tienen estructuras políticas y regulatorias distintas a la nuestra, de modo que tampoco sería posible importar su modelo ipso facto.
Resolver la cuestión no parece cosa fácil, ya que hay una enorme resistencia a su reducción desde múltiples frentes. Incluso aun cuando un partido político quisiera hacerlo, los grupos de interés se resistirían como gatos panza arriba para evitar perder sus prebendas. En fin, "todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo" (Frederic Bastiat).
