EL IPC de agosto dio un leve respiro, pero sigue marcando cifras estratosféricas. La inflación del último mes deja una tasa interanual del 10,4%, y según las estimaciones no se espera que baje de los dos dígitos a corto plazo. Los altos precios de la cesta de la compra, junto con los carburantes y la energía, están detrás de estos datos que están asfixiando a los españoles. Y es en este marco, en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone la intervención del precio de "20 o 30 productos básicos".
La propuesta no termina de cuajar, ni para el Gobierno, ni para agricultores, productores y distribuidores, que han mostrado con claridad su rechazo, ni tampoco parece convencer a los consumidores, que han recibido con escepticismo la medida. Por tanto, todos los sectores de la cadena agroalimentaria ven pegas a una proposición que creen "intervencionista".
Más allá de controversias y discusiones, la pregunta más repetida es si es legal establecer ese tope al precio de los alimentos. Para responder a esto tendríamos que analizar si se hace en forma de ley o no. En el primer caso podría vulnerarse el Art. 38 de la Constitución que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y la defensa de la productividad. Mientras que, en el segundo supuesto, lo que se vendría a contravenir es el derecho comunitario de la competencia que protege a empresas y ciudadanos frente a prácticas que la impiden o restringen.
En cualquier caso y al margen de su inviabilidad legal, la medida planteada tampoco soluciona nada, sino más bien todo lo contrario, con consecuencias nefastas para la economía. Yolanda Díaz analiza mal el problema, porque las causas de la subida del precio de los alimentos nada tienen que ver con un presunto (diría que inexistente) aumento de los beneficios empresariales, sino con la subida de los costes de la energía que están tensionando la estructura de costes de toda la cadena agroalimentaria.
La patronal de los supermercados critica la medida porque defiende que llevan mucho tiempo conteniendo los precios para no repercutir al consumidor el incremento de costes que sufren. Las organizaciones agrarias y los propios agricultores y ganaderos, acosados por la escalada de las materias primas, también rechazan esta ocurrencia porque, dado que son el eslabón más débil de la cadena, se ven asumiendo ellos el mayor desgaste, al punto de que podría producirse desabastecimiento de algunos alimentos.
Asimismo, en el hipotético caso de que la propuesta de Díaz lograse materializarse, al Gobierno no le quedaría más opción que indemnizar a las empresas para que no perdiesen dinero, porque de lo contrario muchos se verían obligados a echar el cierre a sus negocios.
Recetas comunistas al margen, lo que sí está en manos del Gobierno es adoptar medidas como la rebaja del Iva de los alimentos, poner en marcha programas de ayuda a familias que lo necesiten para asegurarles alimentos básicos a precios asequibles y trabajar para atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria.
Vicepresidenta segunda del Gobierno de España, doña Yolanda, si todos piensan que su propuesta intervencionista y totalitaria es un verdadero disparate, porque los alimentos son comida y no ideología, tal vez la equivocada sea usted. Tengo la impresión de que su iniciativa SUMAR cada día resta más.
