LA REGULACIÓN que pretende imponer el Gobierno modificando el concepto de la libertad de expresión permitirá absolver a cantantes que hacen alarde de provocación y ofensa, con la excusa de su arte, o que no sean juzgados quienes se mofen de las víctimas del terrorismo o de los sentimientos religiosos. España se dirige hacia un Código Penal de autor que consienta ataques a la bandera, al himno, a la Corona o a los jueces, bajo la coartada de la defensa de la libertad de expresión.
Al ser humano además de su capacidad para reflexionar, imitar o imaginar, le caracteriza su necesidad de verbalizar y comunicar ideas y emociones para persuadir o intercambiar información con sus interlocutores. Lo que sucede es que esta transmisión de ideas representa a menudo un foco potencial de conflictos, porque estas no solo nos seducen, sino que en ocasiones también nos molestan.
Durante siglos, los individuos se han enfrentado hasta el extremo de aniquilarse entre sí, por causa de ellas. De ahí que la forma que descubrimos para evitarlo fue desarrollar el criterio de la tolerancia mutua, basada en la libertad de expresión, que pasa por aceptar tanto las ideas que nos simpatizan como las que nos desagradan. Toleramos cuando respetamos el disenso, no cuando nos recreamos en el consenso, porque somos más proclives a tolerar las ideas ajenas cuando los demás hacen lo propio con las nuestras.
Lo curioso del asunto es que la mayoría de personas solo consideran inaceptables las limitaciones a la libertad de expresión propia, al tiempo que tienden a aplaudir las restantes. Así, por ejemplo, si te molesta la censura al rapero Valtòonyc (o contra Cassandra Vera o Nacho Carretero), pero no lo hace la practicada a HazteOir (o contra Alfonso Rojo o Hermann Tertsch), o viceversa, no se defiende la libertad de expresión, sino solo el privilegio de la parroquia propia a expresarse como guste.
Asimismo, la agresión verbal que a menudo se practica es tan potencialmente generadora de conflictos como cualquier otro ilícito. Por ello, el sistema pide al sujeto que no haga uso de la violencia y reaccione por sí mismo, sino que lo haga en el marco de los procedimientos legales establecidos, normalmente en el Código Penal o Civil. De ahí, que lo que se dice genere responsabilidad y el hecho de la existencia de esta no cercene en absoluto la libertad de expresión. El riesgo que se corre es que por querer reforzar una libertad que no está comprometida, se caiga en el error de igual tamaño de crear un derecho a ofender.
El nuevo concepto de libertad de expresión que está tramando este Gobierno perjudicará la convivencia porque no es buena cosa y resulta hasta tragicómico que la libertad de expresión se pueda convertir en un comodín para insultar, agredir, ofender o burlarse sin represalias.
