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El problema no es la sequía

AGUA DE enero, cada gota vale un dinero; agua de febrero, llena el granero; marzo en lluvias, buen año de alubias; en abril aguas mil; agua de mayo, pan para todo el año. El español medio no mira al cielo con la preocupación del campesino, ni le interesan las predicciones del calendario zaragozano, lo que le interesa es que entre 2014 y 2016 llovió un 6% menos y que en algunas ciudades apenas hay agua para un mes, lo que ha encendido las alarmas sobre nuestros problemas de suministro.

La del agua es la historia de la humanidad, una preocupación constante en el progreso de los pueblos, y la sequía un componente normal de nuestro clima que no cabe gestionar como algo excepcional, por lo que resulta inexplicable que los gobiernos no hayan sido capaces de aplicar medidas preventivas en épocas de bonanza y no cuando las lluvias brillan por su ausencia.

Los caudales disponibles son un 20% inferiores a los de hace 30 años y bajarán por el descenso de precipitaciones y por la mayor evaporación por el aumento de las temperaturas, pero la demanda de agua no deja de crecer y se ha incrementado tanto en la agricultura (los regadíos han aumentado un 21% entre 1998 y 2016), como en la industria y el consumo humano.

El modelo actual es inviable y sus problemas no son de escasez, sino de gestión. De 2007 a 2016, el presupuesto de obras hidráulicas se redujo temerariamente un 90%, y a pesar de que el 72% de España sufre sequía, invertimos en infraestructuras para el agua un 56% menos que la media de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

Todos usamos el agua y las necesidades son infinitas, pero el recurso es escaso, por lo que habría que preguntarse, ¿cuánta necesitamos? ¿Quién pone límites y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento y la depuración?

El Gobierno debe articular un pacto nacional que aborde esta cuestión no sólo como un problema sectorial sino como un reto de Estado, que desarrolle una nueva política del agua, que garantice más equidad, eficiencia y sostenibilidad, aprovechando las tecnologías disponibles, e incluyendo la gestión de la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas.

Habría que apostar por la desalinización y la reutilización de aguas previamente depuradas (España apenas reutiliza el 15%, California e Israel llegan al 70%). También es necesario modernizar los sistemas de regadío, que suponen el 80% del consumo, y reducir las pérdidas de la red de distribución que se estima que son del 40% de la extraída y podría reducirse al 15%, en países como Holanda, Suiza o Suecia es del 8%.

No deben menospreciarse tampoco las campañas de uso doméstico. Una encuesta del INE sobre Suministro y Saneamiento de España fija que el consumo medio de agua de los hogares es de 130 litros persona y día, lo que supone una mejora, ya que en 2007 éramos el país europeo que más consumía, con una media de 250 litros.

En torno al agua hay demasiado ruido semántico, y habituados a su disfrute cotidiano, sabemos lo que cuesta pero no lo que vale. Es un bien público y un derecho que como tantas cosas básicas, sólo percibimos su importancia cuando nos falta. Son tiempos de escasez y hay que hacer más con menos, que es lo que debería ser el norte de la política de aguas, llueva o no llueva. 

El problema no es la sequía
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