Será todo lo legal que se quiera, pero hiere la razón y el sentido común. Es difícil estar de acuerdo con la decisión de la Justicia española de dejar que unos prófugos de esa misma Justicia, acusados de delitos muy graves contra el Estado, se presenten como candidatos a unas elecciones. Que Puigdemont y allegados figuren en unas listas electorales desmoraliza al más pintado. Esa, la desmoralización de mucha gente respetuosa con la ley, es una de las graves consecuencias de esa casi increíble decisión judicial. Además, resulta difícil que por ahí fuera se tomen demasiado en serio el empeño español en actuar contra esta gente, cuando ven cosas como ésta por aquí.
