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La guerra del taxi

Este será un país fallido e inviable, siempre en mano de minorías que jamás tienen en cuenta el interés general

SUELE SUCEDER que los colectivos de temporada agitan la conflictividad laboral y enarbolan la bandera del colapso social cuando más daño pueden hacer al ciudadano de a pié. Es habitual la práctica de la huelga con la llegada del verano, sobre todo en fechas de tránsito vacacional, un derecho que hay que respetar siempre y cuando no sobrepase los límites legales ni derive en inseguridad ni perjuicio injustificable para el usuario. Desde los controladores aéreos a los tripulantes de cabina de Ryanair, o desde los paros en RENFE a los taxistas, se empuña el hacha de guerra con enorme entusiasmo hasta llegar a la violencia contra Uber y Cabify, como ha ocurrido en Barcelona, la ciudad más internacional de España junto a Madrid, y al mismo tiempo la ciudad sin ley cuando se trata de este tipo de algaradas, de referéndums ilegales, de okupas, de actividad anti sistema y de desahucios. La alcaldesa Colau, tan activista con los desahucios de antaño, sabe ahora lo que es gobernar y padecer lo que se viene a llamar alarma social, esa especie de estado de ánimo sociopolítico provocada por la realidad conflictiva y contra la administración de turno que se ve distinta desde la oposición que desde el sillón del poder. Lo mismo le sucede al Ejecutivo del PSOE, que ahora sufre lo que le recriminaba al PP de Mariano: la calle incendiada, los separatistas empeñados en un referéndum pactado de autodeterminación imposible con la Constitución actual, y un efecto llamada por deformación progre y electoralista de lo políticamente correcto en política migratoria que amenaza con volverse contra Sánchez.

La guerra del taxi es un estribillo que viene de largo y que ya tarareó el Gobierno del PP. Ahora le toca al PSOE lidiar con el conflicto de los taxistas y los vehículos de transporte con conductor (VTC), en una suerte de cambio de papeles que le servirá al elector español para decidir su voto junto a otros aspectos programáticos. Como siempre sucede, con esto y otro tipo asuntos que se prestan al partidismo, convendría ver soluciones de conjunto que fueran más allá del aprovechamiento político y laboral del colectivo de ocasión. Sabemos que España necesita de consenso y de estabilidad más que de guerras del taxi, o guerras separatistas y políticas. Y eso lo deben entender PP y PSOE, estén en la oposición o en el Gobierno. De lo contrario este será un país fallido e inviable, siempre en manos de minorías que jamás tienen en cuenta el interés general. Lo que nos falta es responsabilidad colectiva, sobre todo cuando el alegre colapso del taxi arremete contra el sector puntero del turismo. Aunque tengan su parte de razón los taxistas, razón perdida por la enorme preservación del monopolio del transporte de pasajeros, muchos consideran que el chantaje es intolerable y rebaja la legalidad del derecho de huelga. Porque al final la guerra del taxi tiene unos perdedores seguros: los ciudadanos.

La guerra del taxi
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