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Alarma en Black Wednesday​

El atropello empieza a ser inmoral y nada ético, de un peligroso empeño impositivo y autoritario que causa alarma social y flaco favor le hace al inicialmente necesario aunque tardío estado de alarma. Sólo el planteamiento de una pretendida prórroga de larga duración quedará en la conciencia democrática y constitucional de España como el gran intento de un engaño masivo bajo el pretexto sanitario que ya no se sostiene, pues por la misma razón de riesgo, con y sin rebrote, el estado de alarma podría extenderse indefinidamente hasta que haya vacuna allá por 2021 como pronto. Con el descenso exitoso del número de muertos y el control de los contagios, seguimos pues ante una prórroga del estado de alarma con la que neutralizar la crítica y la protesta a una gestión manifiestamente mejorable que ha quedado colgada de la brocha de la improvisación, la ineficacia y la mentira, reproches todos ellos probados por medios españoles y extranjeros como la CNN. Duele decirlo, pero la verdad y la libertad deben prevalecer en el juicio sumarísimo del periodismo al poder político, yendo por delante que la opinión es subjetiva de no ser por la tozuda realidad.

Esta alarma indiscriminada subastada en las rebajas parlamentarias del Black Wednesday forma parte de un calendario político de alcance electoral no sólo en Galicia, Euskadi y Cataluña, sino también ante una hipótesis de futuros comicios en Madrid y España. En Madrid por razones de posible ruptura entre PP y Ciudadanos y por el acoso político-mediático a Ayuso que sólo se resuelve con el sufragio universal. En España, y con permiso del CIS, porque cuando la falta de liquidez del ‘escudo social’ social-podemita requiera el rescate de Europa con duras condiciones para prestarnos dinero, aunque no se devuelva, Sánchez e Iglesias pedirán el divorcio del sálvese quien pueda para llevarnos a las urnas dada la negativa del PSOE a una solución de emergencia nacional consistente en pactar con el PP unos presupuestos técnicos, realistas y austeros. En esta crisis sanitaria y económica, nuestro país está llegando tarde a casi todo, desde las mascarillas al pago de los Ertes, pasando por los test masivos, las medidas preventivas contra la recesión y la devolución objetiva a la normalidad democrática en vez de esa obstinada persistencia en recortar derechos bajo excusa de una supuesta nueva normalidad, que debe ser la vieja.

Que nos debemos aceptar en la diversidad y la pluralidad política es un principio básico del estado democrático de derecho que nos obliga al cumplimiento de la Ley y la lealtad institucional. Pero que se retuerza con anormalidad democrática la Constitución ya no solo en tiempos de coronavirus, sino también en tiempos del desafío ilegal separatista o en tiempos de acrobacias de coalición, amenaza la propia viabilidad del sistema de nuestra monarquía parlamentaria. Por eso se requiere grandeza y no vileza con la que gobernar una España bajo mínimos dispuesta a recuperar en la calle la igualdad, el bienestar y el derecho a la libertad que el marco del coronavirus ha puesto en peligro con la ayuda inestimable de una incompresible gestión partidista de la pandemia.

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