EL AGUJERO anual de casi cuatro millones de euros en la gestión del agua potable y de las aguas residuales de Lugo es demoledor. Ese déficit denota una falta de control del fraude y de las fugas, con independencia de que los contratos con Gestagua para la depuradora de residuales y la potabilizadora lleven caducados seis años. Esta situación suscita el eterno debate sobre la gestión pública o privada. En los 90, la ola neoliberal promovió la privatización como modelo más beneficioso, aunque a veces encareciera el servicio. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2011, hecho en municipios de más de 20.000 vecinos, ve más barata la gestión pública. En España son mayoría las concesiones, a diferencia de Europa, aunque algunos ayuntamientos revirtieron esta situación. En Foz, sin ir más lejos, se debatirá en un próximo pleno si se anula la privatización. En grandes ciudades se opta por las empresas públicas, como el Canal de Isabel II de Madrid o Eau de París. La gestión pública no debe ser solo una cuestión de ideología, sino de eficiencia. En un segundo plano tropezamos con el problema de la calidad democrática. Muchas concesiones se otorgaron con concursos faltos de transparencia. La sospecha de corrupción generó procesos judiciales, como en el Concello Ourense, incluido en la operación Pokemon. Es apremiante que en Lugo se ponga coto a esta fuga de caudales, en un doble sentido, sin limitarse únicamente a subir el recibo.
