LA CONVOCATORIA de elecciones autonómicas en Cataluña por parte del Gobierno, como respuesta inmediata a la declaración de independencia del secesionismo en el Parlament, ha de interpretarse como una apuesta por la normalización democrática y una desautorización de los mensajes que presentaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución como privación de derechos. El Gobierno, con todos los medios y la fuerza del Estado, que recordó de nuevo Mariano Rajoy en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, no puede permitirse un fracaso como el de 1-0: se anunció que no habría urnas ni papeletas ni votación, y las hubo. El Estado no puede quedar deslegitimado por quienes se nieguen a aceptar la restauración de la legalidad o resistan a la aplicación de las medidas acordadas por el Gobierno. La intervención del presidente Rajoy para dar cuenta del Consejo de Ministros transmitió sosiego. Pero faltó un mensaje específico dirigido a la ciudadanía española. La noche de ayer era el momento para un ejercicio político de autoridad y confianza a los ciudadanos ante la gravedad del momento y ante los riesgos que hay con acciones radicales, al menos, hasta el 21 de diciembre. Desenmascarar por adelantado la responsabilidad de quienes siembren la violencia, por acción activa o pasiva, entra dentro de las respuestas serenas que adopte el Gobierno frente a la probable resistencia a la que llamó ayer Puigdemont cuando invitó a los catalanes a que continúen en la calle la aplicación de la proclamación de independencia. Un Puigdemont y unos parlamentarios secesionistas que mostraron una cobardía total cuando acordaron la introducción de la urna y el voto secreto en el último momento de la votación. Una solemnidad como esa, para quien la llevó hasta el final contra toda racionalidad, pedía por su propio decoro personal transparencia.
