LA OFERTA de 14.000 puestos de trabajo en la administración pública que hizo este miércoles el presidente de la Xunta es el reclamo. Lo realmente importante es el programa de medidas que enumera para la creación de bases de crecimiento de la economía, particularmente de la economía productiva y de la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. El debate identitario, con Cataluña en primer plano, no debería ocupar tiempo en el Parlamento de Galicia. La propuesta del socialista Leiceaga ha de tenerse presente pero no es el momento de abrir más melones estatutarios. Ni hay urgencia alguna. La convocatoria de empleo público, con recortes de impuestos, hay que entenderla como superación de la crisis. Pero lo sustancial es sentar bases como la formación profesional para crecer.
Perplejos
La perplejidad de muchos ante la falta de coste con la que se desarrollan los acontecimientos en Cataluña crece, si cabe, cuando algunos critican el discurso del Rey por no haber mostrado empatía hacia las víctimas —qué víctimas, dónde están, qué partes médicos hay— y por no proponer diálogo. Para afrontar a fondo —a ver si es cierto alguna vez— el problema que existe del encaje de Cataluña en España, está como prioridad restablecer el marco de seguridades para negociar: orden constitucional e imperio de la ley para todos. Si algo tan de sentido común no se puede plantear, entonces para la huelga ('paro de país') del martes hay una única calificación de prerrevolución. No puede haber diálogo con quien se coloca fuera de la ley y anuncia que seguirá. Lo dijo muy bien Alfonso Guerra este miércoles: antes de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno habría que reprobar al presidente de la Generalitat y a toda su comparsa. Perplejidad pues ante quienes formulan asombro o malestar por el discurso del Rey. Se entiende en quien pretenda remover los asideros del actual sistema de libertades.
