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Un problema principal

DESBLOQUEAR LA situación con la Generalitat catalana y con los independentistas es una de las prioridades de la política española, del llamado bloque constitucional y de la necesaria normalización institucional de este país. Es, quiérase o no, un problema con Cataluña y de toda España, por la dimensión y el punto que alcanzó y por los votos de los secesionistas. Los puentes estaban cortados. El diálogo no existía. Que se haya actuado tarde en la adopción de medidas legales de firmeza frente a la deriva secesionista no es explicación suficiente para que el independentismo siguiese dando pasos en su objetivo de romper con España. Ni hubo eficiencia frente al 1-O —las urnas, por ejemplo, que no iban a aparecer— ni hubo respuesta política frente a un problema real. Que se reconozca la existencia de un problema no implica, ni de lejos, que se vea el mismo con simpatía o en posición de debilidad. Pero es la única vía —diagnosticarlo y admitir que existe— para darle solución. Sería equivocado para la convivencia y para encontrar salida fomentar y acentuar las diferencias, las distancias, entre un bloque y otro. Por tanto, no debe valer ni ocultar o negar la existencia de un problema, ni fomentar la confrontación. La solución a la cuestión catalana no la va a dar la política que reclama Albert Rivera. No la van a traer unos mensajes y unas posiciones de confrontación de nacionalismos, que buscan preferentemente la simpatía, la atención y el apoyo de determinados sectores del electorado en otras partes de España. Eso hizo la política de comunicación que se practicó hasta ahora en la televisión pública española, principalmente en las tertulias, pero no solo. Que el Gobierno de Pedro Sánchez abra la vía para hablar es un paso. Sembrar, a priori, la duda sobre la constitucionalidad de esa medida o de los pasos que se puedan dar por el Gobierno es una irresponsabilidad.

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