EL PLAN de transporte de viajeros que pone en marcha la Consellería de Infraestruturas e Vivenda responde a una necesidad real y urgente. Aparece como una medida de sentido común. Por una parte, la necesidad la acentúa la renuncia de las empresas de transporte a 600 líneas de autobús en las cuatro provincias gallegas, algo que investiga ahora el Consello Galego da Competencia, finalmente resucitado como titulaba este martes Economía Digital. Un abandono en esas líneas, deficitarias, que afecta fundamentalmente a las zonas rurales de Lugo y Ourense. Y, por otro lado, la conselleira Ethel Vázquez asume la iniciativa de dar respuesta en forma de servicios a esa Galicia rural que pierde población de forma acelerada. En términos sociales, el plan responde a una necesidad. El transporte escolar presenta además una gran red que penetra el rural gallego. No se entendería la oposición o las críticas bajo supuestos progresistas. En términos de gestión económica, este plan es una medida absolutamente positiva en el camino de la eficiencia, que se le ha de exigir a toda gestión y máxime a la que opera con dinero público. Parece algo lógico que se busquen sinergias y la mayor rentabilidad del dinero público: el autobús que lleva a los escolares puede transportar en las plazas vacías a viajeros generales que pagarán, además, un precio de 1,40 euros. Estos servicios que se anuncian, que integran el transporte escolar con el general, son «viables y económicamente atractivos», como señalaba ayer el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, en la rueda de prensa que ofreció la conselleira Ethel Vázquez. Las piedras que se puedan colocar contra su normal funcionamiento a esta primera fase de un plan global de transporte para Galicia habrán de convencer con razones claras para mostrar que responden a los intereses de la ciudadanía y no de parte.
