La sentencia del Tribunal Supremo que anula, —declara nulo— el plan de urbanismo de Vigo ha de producir consecuencias. Hay un impacto político doble. Uno, evidente, para la figura del alcalde, en alza tras las últimas elecciones y su ascenso a la presidencia de los municipios españoles. También para la responsable de urbanismo, María José Caride, un nombre que permanecía en la recámara para mayores responsabilidades en Galicia. Y hay otro impacto más, Abel Caballero es la proa con la que contaba el socialismo gallego en estos momentos. El plan que anula el Supremo se aprobó con Abel Caballero como alcalde y con su actual concejala de urbanismo como conselleira de la materia en el bipartito que presidía Pérez Touriño. Le asiste la razón al alcalde cuando señala que la prioridad ahora mismo es dar con las fórmulas para salir de la situación que crea la sentencia, con el menor daño económico posible para la primera ciudad de Galicia. Solo la paralización de la construcción en marcha o de la prevista representa un impacto económico negativo. Puede añadirse además el interrogante sobre las licencias concedidas bajo ese plan que ahora es nulo de pleno. No le acompaña la razón a Abel Caballerio cuando, colocándose de perfil y después de mandar balones fuera, dice que no se trata de buscar responsables. La sentencia tiene unos efectos negativos para empresas, particulares y para la ciudad en su conjunto. Alguien será responsable de los trámites mal resueltos o sin resolver. Si un acto tiene consecuencias positivas, es legítimo colgarse las medallas. Y si un acto tiene consecuencias negativas hay que asumir las responsabilidades. Caballero, que es hombre y profesor inteligente, nunca se apuntaría a la doctrina de aquel exminsitro de Zapatero que niega la responsabilidad política por las pifias, grandes o pequeñas, bajo su mandato. Caballero dijo ayer: «En mi ciudad lo resolvemos todo, no nos queda nada nunca sin resolver». Habrá que resolver la responsabilidad de gestión y la política.
