HAY DOS imágenes de esta semana que son cara y cruz de los males que rompieron la paz social y política que se acordó en la transición. Una es la expresidenta del Parlamento balear, hundida en el banquillo de los acusados. La otra está en el juicio de las tarjetas "black", término que no gusta a los acusados, que se permitieron abuchear al fiscal cuando lo utilizó por vez primera. No puede ser agradable el paseíllo diario de los acusados para entrar a la sala entre manifestantes, preferentistas y accionistas escaldados en la salida a Bolsa de Bankia, que les arrojan gritos con calificativos poco honrosos. Pero pedir a la Policía que impida el derecho al pataleo de las víctimas reales de Caja Madrid –preferentistas y ahorradores transformados en accionistas– porque molestan los oídos de algún exconsejero, parece señal evidente de que no se asume responsabilidad de moral pública, al menos. El abucheo al fiscal, pedir que se callen los manifestantes y los términos de muchas de las declaraciones no son expresiones de legítima defensa en un juicio. Dejan muy mal parado, desautorizan totalmente, el sistema de selección que les llevó hasta esos puestos desde sindicatos, partidos o patronales. Con independencia de cuál sea la conclusión judicial en el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, hay urgencia en alcanzar unas conclusiones políticas, de moral pública y de la responsabilidad para desactivar la mecha de la dinamita. El juicio de las tarjetas "black" muestra que entender el poder, en su amplia expresión, y el derecho al disfrute de sus prebendas, como finca privada y exclusiva, estaba instalado trasversalmente en la sociedad, a derecha e izquierda, en representantes de patronal y sindicatos. Con independencia de que legalmente sean declarados inocentes o culpables, como en otros juicios que se celebran ahora mismo por presunta corrupción, habrían de ser conscientes de que son la gasolina de la combustión que agita y desestabiliza el sistema. Más que arrogancia, cabría pedir consciente humildad.
