LA REALIDAD demográfica de Galicia, por número de habitantes y distribución de sus núcleos, está en un proceso significativo e imparable de cambio, que se acelera por movimientos internos y envejecimiento. Es un hecho, con independencia de las causas y la valoración que merezca. A los hechos hay que atenerse. Se olvida o se desprecia con frecuencia. Las demandas de muchos servicios, como el transporte público, no son indiferentes a esta realidad. Es una evidencia que este proceso tiene y tendrá impacto en la prestación de múltiples servicios, cambios que una buena gestión exige. Sería conveniente, para que las instrumentalizaciones conflictivas de tipo partidista no se sobredimensionen, que se produjese información previa, que se practicase una cierta pedagogía explicativa antes de adoptar medidas que el sentido común, cuando se conocen las causas y los objetivos, entiende. No se hace ni en materia de sanidad ni de educación, por citar dos áreas directamente afectadas por la pérdida de población en el medio rural.
Pensiones
El índice de revalorización de las pensiones no superará el 0,25% en los próximos cinco años. La inflación en junio se situó en el 1,5%. Estos dos datos muestran la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Y son relevantes, particularmente, en una sociedad envejecida como Galicia. Según la Autoridad Fiscal Independiente, si no se toman medidas de aquí a 2022 los pensionistas perderán un 7% de su capacidad de compra. Malo para ellos y para la economía general. Debería pasar a prioridad el problema de las pensiones, cuando se habla del vaciado de la hucha, cuando se habla de la pérdida de poder adquistivo y cuando se habla de una población envejecida. En Galicia solo un tercio de la población contribuye.
