La detención en Brasil de García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha, es ocasión para recuperar la memoria, en base a hechos constatados, de lo que fue la Transición del franquismo a la democracia. El 24 de enero de 1977 varios pistoleros vinculados a la ultraderecha antidemocrática irrumpieron en un despacho laboralista de CC.OO. y dejaron tres abogados, un estudiante y un administrativo muertos, además de cuatro heridos graves. Fue uno de esos momentos comprometidos en los que corrió serio peligro el proceso hacia el reconocimiento de las libertades, que se construyó sobre la negociación y el pacto entre quienes representaban la continuidad del régimen franquista y quienes, por su ejercicio y trayectoria, representaban la legitimidad de la oposición democrática. La matanza de Atocha muestra hasta dónde llegaban —asesinatos incluidos— las posiciones involucionistas de sectores fascistas, dentro del paraguas del franquismo, y muestra la templanza de sectores de la oposición democrática como CC.OO. o el PCE de Santiago Carrillo, que dieron primacía a la responsabilidad ética y política de la reconciliación y la democracia.
Destape
La burocracia y la política del absurdo jamás habrán podido imaginar un número como el abierto por el Concello de Lugo con la Xunta, con el cubrir o descubrir el escudo franquista del instituto Lucus Augusti como pretexto. Habrá que suponer que es pretexto, aunque se recurra a términos tan contundentes, y algo arriesgados cuando hay un escudo franquista por medio, como "restauración de la legalidad". Si se le aplica termómetro político al enredo, no será para esperar aplausos por quien inspiró la iniciativa y por quienes la llevaron adelante. Y en términos de gestión, no será este aporte para mostrar la guinda de la eficiencia cuando se acerca una cita electoral. Déjemoslo en kafkiano.
