LA ATENCIÓN y preocupación por el medio ambiente y por el control de la seguridad en toda la cadena alimentaria son características que definen en positivo esta sociedad. Llama la atención por tanto la noticia de la intoxicación de una familia en Vilalba y el fallecimiento de una cría de vaca durante la descarga de lodos, servidos por una empresa, en un pozo de purín de la explotación ganadera. Con independencia de la «normalidad» de estas prácticas es necesaria una explicación, por quien corresponda, de las mismas. Una información que transmita, si es posible, seguridad y confianza a los consumidores. La alarma existe en otros muchos lugares, con independencia de este suceso concreto, por los olores y algunos efectos de malestar que produce el vertido en las fincas de este tipo de lodos.
Muerte digna
El PSOE defiende una ley de eutanasia, cuya tramitación se aprobó en junio. Al tiempo, el Congreso debate una ley de muerte digna, iniciativa de Ciudadanos. Este partido condiciona su apoyo a la eutanasia a que previamente se apruebe la ley de la muerte digna. Pablo Casado, por el PP, dice que «este problema no existe en España». Es una forma de satisfacer a un sector de potenciales electores por la derecha confesional. Deja libre para Rivera el centro y la aconfesionalidad. La regulación de la muerte digna responde, como mínimo, a una necesidad de dar un marco de seguridad a los profesionales de la medicina y a situaciones concretas y límites que se plantea a muchas personas y familias. Tanto la eutanasia como, sobre todo, la regulación al derecho a una muerte digna deberían tener un debate ético al margen de bloques ideológicos partidarios. No lo entiende así el líder del PP.
