"El Gobierno promete 2.200 millones para Catalunya si se aprueba el presupuesto" era el titular principal de la edición digital de La Vanguardia en la tarde de este jueves, con crónica de Leonor Mayor Ortega desde Madrid. Será para abrir la negociación de los apoyos. También, como destacado, figuraba "El Gobierno revertirá el decreto que facilitó el traslado de empresas de Cataluña tras el 1-0". Esta política de chalaneo con catalanes y vascos es tan vieja como la necesidad de contar con apoyos por el Gobierno de turno y la practicaron tanto PP como PSOE.Salvo el apoyo que pueda encontrar Sánchez para los Presupuestos, no va a resolver nada más. El contexto actual de amenaza real secesionista y de un gobierno que se apoyó en quienes buscan romper, presenta aspectos relevantes sobre situaciones anteriores. Pudiera ser además munición tanto para el victimismo secesionista -confirmación de que «nos roban»- como para la opinión contraria: los catalanes como grandes beneficiados del Estado. Mal camino en ambas posiciones. No es este aspecto el que más destaca en la atención sobre la búsqueda de apoyos para sacar adelante los Presupuestos: está el pacto con Podemos. A este Gobierno, como a cualquier otro, antes de incrementar las partidas de gasto, y para ello, tirar de los impuestos al alza habría que exigirle una vía de ordenación del gasto: llevar adelante la no realizada racionalización de las administraciones superpuestas, los gastos superfluos que siempre se justifican como chocolate del loro o la excesiva carga en el número de puestos políticos o la intensificación de la inspección en el fraude fiscal. De ahí podrían salir los recursos para esas medidas de política social que son de justicia y para que la recuperación llegue a los marginados. Tirar de chequera y ya veremos de dónde sale, que es la impresión que ofrece esto, es algo frívolo.
