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Pacto salarial

EL PREACUERDO entre los agentes sociales —los sindicatos CC OO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme— para la subida salarial hasta 2020 representa una garantía frente a riesgos de conflictividad que implicaría la prolongación de los ajustes que impuso la recesión. Es más una señal de capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo que una real mejora en la capacidad adquisitiva de los salarios en función de la previsión de inflación. Dentro de los mensajes de recuperación económica, es en sí mismo un anuncio de que el tiempo de los ajustes ha terminado. El gran reto del Gobierno y del momento es la economía. Generar confianza, para lo que resulta imprescindible cumplir compromisos y objetivos, ya maracados. Dicho de otra forma, administrar de forma eficiente los recursos dentro de los márgenes existentes. La realidad y el calendario piden fijar y aprobar el techo de gasto para el próximo año, una negociación que dirá de alguna forma bastante certera cuál va a ser la hoja de ruta de este Gobierno, más creíble que otros anuncios políticos o galería de fotos presidenciales.

Auditar o incumplir
Huele a venda antes de la herida, a inicio de una vía de justificación de incumplimientos, ese anuncio de que Fomento auditará las inversiones previstas en Galicia. Para ver si el Ave llega al cierre de 2019 no hay tiempo que perder en explicaciones. Hay que hacer un seguimiento ininterrumplido de las obras y del cumplimiento de los compromisos. Si ahora se califica de "engaño" el compromiso que existía, se sabe el resultado: retraso. Si al PP gallego, en la Xunta o en el Parlamento, no le correspondía hacer de "justificador" de los incumplimientos o falta de compromiso de Fomento con Galicia, tampoco le corresponde al PSdeG-PSOE ahora representar ese papel. Galicia necesita voces, fuerza y presión, no mediaciones para explicar incumplimientos.

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