GALICIA, según un informe de Funcas, figura en una posición media, hacia bajo, en España por economía sumergida. Es un problema fiscal —70.000 millones se estima que le resta en España a las arcas públicas—, en algunas situaciones es un problema social y un reflejo de condiciones precarias en la mano de obra que cobra en b. La vertiente de quien elude la responsabilidad fiscal no puede ocultar esta otra realidad. El mismo día, otro informe —Finanbest— nos cuenta que el 26% de los gallegos no logra ahorrar nada al mes. Y el Instituto Nacional de Estadística (Ine) dice que el 38,8% de los gallegos no puede ir de vacaciones ni una semana al año. Estos otros datos invitan a centrar el foco sobre esa economía sumergida para tener el perfil de quiénes se mueven, y en qué condiciones, en la misma. ¿Cómo se reparte por su realidad económica, por su renta, quiénes se mueven o se ven obligados a meterse en economía sumergida? Si son los que no pueden irse una semana al año de vacaciones ni tienen capacidad alguna de ahorro mensual, tanto como de economía sumergida podría hablarse de otro problema más. No se verá lo mismo, al menos socialmente, a quienes trabajan como mano de obra barata o a quien practica sus propias «rebajas fiscales», aunque la suma del montante final que pierden las arcas públicas sea igual .
Luz sobre Angrois
El informe de la Agencia Ferroviaria Europea aporta luz sobre las responsabilidades en el accidente de Angrois. La argumentación no recurre a tecnicismos. Es sentido común. El riesgo de descarrilamiento de un tren por exceso de velocidad debe formar parte de la evaluación por parte de la empresa ferroviaria y del administrador de la infraestructura. Esta evaluación se ha de realizar en la fase de diseño y siempre que se produzcan modificaciones en las condiciones de funcionamiento o de un nuevo material.
