LA TRAGEDIA incendiaria de Cualedro aporta de nuevo la sospecha, según las informaciones que se conocieron ayer, de la acción de una mano intencionada detrás del fuego que destruye en los veranos los bosques en Galicia. No es nada nuevo. Esta referencia a la acción criminal intencionada (¿organizada?) siempre que se produce se interpretó o se sospechó, desde la puesta en marcha de la autonomía, como una forma de eludir responsabilidades por parte de quienes tienen en ese momento la tarea de gobernar. Admitir, con más que indicios, la acción intencionada en los incendios en Galicia no significa apuntarse a la conspiración. Romay Beccaría, por citar un ejemplo lejano en el tiempo y uno de los gestores más eficientes en la lucha contra los incendios forestales en Galicia, exhibió ante los periodistas varios artilugios incendiarios que se habían encontrado en el monte. Los sucesivos anuncios de implicación de la Fiscalía, de la investigación policial o de la tipificación como delito fueron pasos que apuntan a la necesidad de una respuesta a esa realidad, con el porcentaje que sea, de la acción intencionada en los incendios forestales. Pero con todo realismo habrá que admitir que muy poco, por no decir nada, se ha avanzado en esta dirección frente a quienes provocan incendios. Ni en la acción de información policial, ni en la detención de autores ni en la condena judicial de los mismos hay datos relevantes en las últimas décadas. No se ha avanzado en esta línea policial que parece un pie fundamental en la lucha de prevención de los incendios, exactamente igual que la labor de limpieza o la no resuelta, ni por unos ni por otros, ordenación del monte y el bosque, y de las plantaciones forestales. No se trata de que vaya o no al Parlamento la conselleira o el presidente de turno, se trata de que este problema trascienda la utilización partidista y la economía del fuego.for
