EL DEBATE de los presupuestos autonómicos deja la vía libre para su aprobación en el próximo mes de diciembre. Del debate de este lunes en el Parlamento destaca la convocatoria de 7.000 empleos públicos, a razón de unos 3.500 el actual ejercicio de 2017 y otros tantos el próximo año. Esta convocatoria de plazas en el sector público es otro indicador de que llega el final de las estrecheces que impuso la profunda crisis. En una realidad como la gallega, la creación de 7.000 empleos es un hecho positivo relevante. Políticamente es un mensaje claro de negación de recortes y privatizaciones que con demasiada frecuencia se denunciaron y se denuncian como venda anticipada a una herida que en la realidad práctica no se llegó a producir. No debe ser forzado entenderlo así. Y, en cualquier caso, el crecimiento del empleo público en una sociedad que ve mermar su población de forma alarmante tampoco debería ser interpretado, y menos todavía reivindicado, como un test positivo indiscutible. Cuestión diferente es compensar los ajustes que se realizaron en los duros años de la crisis. Pero de esa crisis también había quedado la llamada, por razones económicas, a un redimensionamiento de las administraciones públicas. Es un debate que no se llegará a abrir hasta que salte otra alarma cíclica (página 18).
La bombona
Hay 8,8 millones de hogares en España que dependen de la bombona de butano para cocinar, calentar el agua o la calefacción. El precio de la bombona acumula esta año unas subidas del 17%. Las páginas de Economía recogen la noticia de la congelación de los «peajes» que se cargan a los usuarios en las tarifas de electricidad y gas. Peajes que siempre sirven para justificar por parte de las eléctricas las cifras del recibo de la luz. La sequía, la subida de las materias primas y el anuncio de apagón nuclear en Francia pronostican precios en alza en la electricidad y el gas para el próximo año (página 46).
