EL PACTO económico del Gobierno —PP con el PSOE y Ciudadanos— recibe las críticas de ciertos sectores de la derecha política y económica. Las bondades de una estabilidad política en base a pactos deja de ser un reclamo social cuando acuerdan medidas para incrementar ingresos. La subida del salario mínimo y las medidas que afectan al impuesto de sociedades que pretenden que el tipo efectivo se acerque al nominal del 25% sobre beneficios no pueden, salvo excesos demagógicos, calificarse de izquierdas y de traición al programa y a la ideología del PP.
En esas dos medidas, y a esos niveles, no se diferenciaría hasta ahora en Europa la socialdemocracia de la democraciacristiana: no estaría ahí la línea roja de separación. Hay entre los críticos quienes ven un riesgo alto para la generación de empleo. En cualquier caso, forma parte de la normalidad expresar malestar cuando sube la presión impositiva. Cuestión diferente es si la realidad confirmará el optimismo que pueda verse en la confianza que expresó el titular de Economía, Luis de Guindos, sobre el marco económico español para 2017: se reduce el paro, se cumple el objetivo de déficit al 3,1% y la economía seguirá creciendo a un promedio del 2,5% hasta 2019. Montoro dice que necesita unos ingresos adicionales de 17.000 millones y Luis de Guindos lo ve factible.
El manual de las cuentas dice que para que estas den hay tres vías: subida de impuestos, control del fraude fiscal y reforma de las administraciones públicas que represente reducción de gasto. De esta última se habló, se comprometió e incluso se escribió en los programas de algunos de los partidos que pactaron esta semana las medidas económicas. Pero sigue siendo la gran asignatura pendiente. Falta decisión y falta valor político para llevarla adelante. Ya nadie habla de las duplicidades de organismos entre administraciones ni de las diputaciones, por ejemplo. Y ahorrarían.
