LA SENTENCIA que condena al exduque de Palma y absuelve a su esposa, la infanta Cristina, tuvo ya costes políticos importantes: la abdicación de don Juan Carlos, la retirada del título de duquesa a su hermana por el Rey Felipe VI y los efectos negativos en la valoración de la propia institución monárquica sobre la que, además, cayeron en estos años otras tormentas. Algunas, con fines no aclarados, las intentaron reactivar ahora. La valoración técnica de la sentencia -741 folios- la deben realizar expertos jurídicos. Las valoraciones políticas de la misma son legítimas, también las críticas negativas. Forman parte del guion, con independencia de cuál fuese el contenido de la sentencia. Pero no deberían olvidarse algunos detalles que muestran señales de igualdad. No sin razón algunos aplicaron el calificativo de histórico a todo este proceso que se inició en julio de 2010: el juicio a un miembro de la familia real. Una hermana del Rey se sentó en el banquillo de los acusados. Fue juzgada y resultó absuelta. Y un cuñado del Rey fue condenado a seis años y tres meses de cárcel. Las críticas políticas no deben obviar estos hechos, incluida la abdicación de don Juan Carlos, como una forma de pago de responsabilidad política ante el procesamiento de su hija.
Contradictorio
La polémica levantada con la propuesta del gobernador del Banco de España de elevar hasta los setenta años la edad de jubilación no es muy diferente a la que se registró en Alemania con igual planteamiento. Pero en el caso de España continúa una gran contradicción: mientras se está en el proceso de retraso hasta los 67 años, el 44% de los jubilados en 2016 se retiraron con menos de 65 años. Las cifras teóricas-legales tanto en jubilaciones como en tipos impositivos son unas, y en la realidad son otras. En ambos casos, con las excepciones razonables, habría que hacerlas coincidir.
