Ni se ampara en la libertad de expresión ni en la pertenencia a la vida privada que unos policías en un chat insulten a la alcaldesa de Madrid, deseen que se hubiese muerto en el atentado contra los integrantes del despacho de abogados laboralistas de Atocha, entre otras lindezas —delitos, es de suponer— que se contraponen a los principios que ha de defender personal uniformado y armado. Ni se debería amparar en la libertad de expresión la falta del más mínimo respeto a la persona humana cuando se expresa el odio a una persona que acaba de morir, como en el caso del fiscal general del Estado. Son los extremos de quienes vitorean a Hitler y a Franco y, del otro lado, quienes pretenden desacreditar, deslegitimar y destruir todo lo que ha dado como resultado cuarenta años de convivencia en libertad. La educación para la ciudadanía que incluye como fundamento básico el fomento de valores de respeto y tolerancia debe entrar en las aulas y en los medios de comunicación. En los medios públicos es y ha de ser una obligación. No se puede aceptar y alimentar la sociedad que refleja y construye el vómito y la defecación en las redes sociales. Acabará contaminándolo todo. Si alguien creyó que por ahí venía la plena libertad de expresión, se equivocó de lleno. Esa vía del insulto, la mentira y la negación de los valores de las sociedades libres y tolerantes alimenta y presenta como norma todo lo contrario: el incivismo. La radicalidad de los instintos más primarios o los comportamientos más gregarios que imponen sus pautas y obligan a la autocensura son su manual de estilo. No se puede restar importancia al surgimiento de fenómenos sociales de intolerancia política y de ensalzamiento del racismo, el nazismo o el antisemitismo, como aparece estos días de forma reiterada ante una próxima exposición sobre el Holocausto en Madrid.
