EN LOS inicios de la profunda depresión que se abrió en 2007-2008 hubo voces que pidieron acuerdos y que recordaron los pactos de La Moncloa como forma efectiva de trabajar frente a una crisis. No hubo respuesta.
Primaron las miopes estrategias partidistas: hubo quien veía enemigos de España en la palabra crisis o el consenso para tiempos pasados. Hasta ahí llegaba la burremia de políticos de tres al cuarto que, además, demostraron carecer del más mínimo sentido de Estado. Fue una irresponsabilidad por parte de los dos grandes partidos que alguna relación guarda con las consecuencias políticas negativas que experimentan ahora los partidos tradicionales y la situación política general.
La realidad actual, al inicio de legislatura, exige en campos diferentes acción negociadora, recuperación del concepto y la realidad política del consenso y abandono del sectarismo que lo impide. La llamada cuestión territorial —el independentismo catalán—, las pensiones y su futuro inmediato son algunos de esos asuntos que necesitan respuesta suprapartidaria, consensuada como garantía de estabilidad y permanencia.
Están además asuntos como la educación o la sanidad, sobre los que una y otra vez se viene hablando de que necesitan acuerdo entre los partidos mayoritarios para que no se conviertan, siendo nucleares en una sociedad, en instrumentos de políticas partidistas que van y vienen en función de quien ocupe el poder.
La fragmentación del Congreso exige negociación y consenso. Esa fragmentación es el legítimo mandato ciudadano con los votos. A los elegidos les corresponde la obligación de trabajar desde esa realidad. Trabajar o hacer política en esta situación no significa mantener el país sin Gobierno casi un año o hacer a partir de ahora inviable la acción de gobierno. Entiéndase que el primer obligado en buscar el consenso es el partido en el poder.
