Facilitar los trámites para la rehabilitación de viviendas antiguas, edificios singulares o con valor cultural responde a una necesidad real que contribuirá, sin duda, a recuperar los espacios históricos de las ciudades o construcciones peculiares. Servirá igualmente para mantener las edificaciones populares o tradicionales, haciéndolas aptas y cómodas para las exigencias de calidad de vida actuales. Evitará la degradación por abandono de edificios o de cascos históricos. Será en el rural y en zonas semiurbanas, o incluso urbanas, una forma más de actuar frente al riesgo y la realidad del feísmo. La burocracia, la prolongación de los tiempos y la multiplicación de obstáculos frenan la iniciativa de recuperación y mantenimiento de viviendas. Ese laberinto de burocracia, obstáculos o incluso amenaza de sanciones no garantizó en la práctica una mejor conservación de los cascos históricos. Muy al contrario, provocó el abandono como espacio de residencia. No garantizó tampoco la conservación y dignificación de las construcciones tradicionales y populares en el rural. Los ejemplos de nuevas construcciones sin rematar y como muestras auténticas del feísmo se contraponen con demasiada frecuencia, en el mismo espacio, con viviendas abandonadas y en ruinas en el rural. La iniciativa que este martes presentó en el Parlamento la conselleira Ángeles Vázquez será en la práctica conservacionista del patrimonio. El apartado de sanciones por pintadas —que han de ser económicamente disuasorias— de lo que algunos entendieron con demasiada frencuencia como gamberradas, o por daños al patrimonio es una necesidad de máxima actualidad. Las pintadas en el entorno de la catedral de Lugo o el ataque al pórtico de Platerías de la catedral de Santiago son dos muestras de la necesidad de sanciones que han de ser en su cantidad acordes a la irresponsabilidad de quien las realiza.
