La iniciativa de la Fiscalía ante el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra contra Audasa, la concesionaria de la AP-9, autopista del Atlántico, es toda una positiva novedad. Pide la devolución de los peajes cobrados entre Vigo y Pontevedra desde 2015 a 2018. La concesionaria cobró, y hasta subió la tarifa, mientras la circulación se complicaba en tiempo y en calidad por obras. Era tiempo ya de alguna señal frente al ninguneo de la concesionaria a los usuarios.
Curva "desprotegida"
La instrucción del accidente de Angrois evidencia que las responsabilidades judiciales y las políticas no son necesariamente las mismas. Además, habrá que decirlo siempre, la política no presupone la penal. El juez instructor concluye que: 1) "la causa directa, inmediata, y que decididamente desencadenó el desgraciado accidente fue el exceso de velocidad derivado de una conducción negligente". Pero también, 2) "existen indicios suficientes para estimar que, al menos por parte de Adif, no se hizo todo lo posible para mitigar el riesgo que finalmente desembocó en el resultado producido". O sea, 80 muertos. ¿No hay reponsabilidad política y en este caso concreto técnica por no "mitigar el riesgo"? Si la curva de Angrois quedó "desprotegida", con una transición rápida de la alta velocidad a la convencional confiada únicamente al maquinista, alguna explicación sigue —¿y seguirá?— pendiente.
Efectos del modelo
Baja el paro en noviembre pero se destruye empleo. La hostelería supone la pérdida de 105.000 puestos de trabajo. Son cuestiones de la estacionalidad, se dirá: el turismo. O lo son, dicho de otra forma, de una economía que crea, o se basa, en empleo temporal o precario. ¿Hay modelo alternativo, sostenible, o seguimos distraídos en reformas de contenido y fin ideológico?
