LA DERIVA del catalanismo radical, tras los cambios en el Gobierno de la Generalitat, muestran claramente que algunos dirigentes catalanes se han empeñado en el choque de trenes y están dispuestos a arrastrar a todos los ciudadanos, sin importarles las graves consecuencias que serán para todos, pero sobre todo, para todos los ciudadanos catalanes, crean o no en el ‘proces’: para sus políticos, para sus funcionarios –médicos, profesores, jueces, empleados públicos...–, para sus empresas, para sus finanzas, para sus pensiones...
Pero si han sido capaces de llegar hasta aquí, no se van a detener por ‘tonterías’. El Gobierno parece decidido a no dialogar y a dejar que se pudra el problema o que lo pudran sus protagonistas –y los hechos parecen darle la razón, aunque eso se puede torcer en cualquier momento– pero hablar de la reforma de la Constitución, de un Estado plurinacional o de un Estado Federal es no decir nada. Si alguien tiene una propuesta, lo único viable es decir qué artículos se quieren reformar y cómo, qué hay que cambiar para convertir España en una "nación de naciones" y cómo se cocina eso y con qué apoyos. Sobre todo si no se habla de eso con el PP, cuyos votos son indispensables. Incluso el PSOE está dividido en este asunto.
Algo parecido se puede decir de las comisiones de investigación sobre la corrupción del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y sobre la de las finanzas de todos los partidos, en el Senado. Ni uno solo de los parlamentarios que acuden a estas comisiones tiene ningún interés por averiguar nada que pueda ser de utilidad para los ciudadanos o para llegar a acuerdos para que los delitos no se repitan, para que las cuentas de los partidos sean transparentes o que los controles sean verdaderamente rigurosos. A unos y otros solo les mueve la voluntad de hacer el mayor daño posible al rival de turno. Las actas de las reuniones y las crónicas periodísticas solo recogen los insultos y las descalificaciones cruzadas entre unos y otros. Solo es tiempo perdido de muchos funcionarios –también de los diputados y senadores–, cuyos salarios pagamos con nuestros impuesto.
Sin embargo, nadie plantea una comisión de onvestigación sobre lo que pasó con el Banco Popular ni ha propuesto soluciones para los afectados o responsabilidades para los gestores y los supuestos controladores. Sucede también fuera de la política. Cinco autonomías –Aragón, Extremadura, Baleares, Andalucía y Canarias– han decidido eliminar los exámenes de septiembre y dar el título de la ESO a alumnos con suspensos. No es solo el mensaje que transmiten a los alumnos que se esfuerzan por aprobar; es que, además, puede tener consecuencias graves para esos alumnos cuando pidan becas para el curso siguiente.
El Ministerio de Educación se ha limitado a ‘regañar’ a las cinco autonomías. El mensaje es el mismo en todos los casos, Cada cual puede hacer lo que quiera, aunque no sea legal y no pasa nada. Van a lo suyo y se ríen de nosotros. Y nos dejamos tomar el pelo.
