LA IDEA fue de Besteiro, pero el marrón de la puesta en marcha de la red de residencias y centros de día de la tercera edad que está construyendo la Diputación le ha quedado, como muchas otras cosas, al nuevo presidente, Darío Campos. El también alcalde de A Pontenova asegura que no soporta que se construyan infraestructuras que no sirvan para nada, por lo que entre sus prioridades está la de convertir en una realidad estos geriátricos. Sin embargo, el socialista se está topando con serios impedimentos que los están retrasando y hacen dudar sobre su viabilidad.
Por una parte, están las dos residencias ya construidas, las de A Fonsagrada y Castroverde, que están listas para entrar en funcionamiento, pero que están esperando la licencia de utilización que tiene que conceder la Consellería de Política Social. En la Diputación, se quejan de que la Xunta está apurando al máximo los plazos para conceder los correspondientes permisos y planteando problemas inexistentes o minucias para retrasar la concesión, algo que niega la Administración autonómica, que argumenta que el procedimiento se está siguiendo dentro de los plazos previstos. Por unos o por otros, la cuestión es que lo poco que se ha terminado no tiene ni autorización para entrar en funcionamiento.
Sin embargo, ese no es el problema esencial. Lo difícil es cómo gestionar las residencias y los centros de día para que sean viables. Los estudios económicos que elaboraron los técnicos provinciales para las residencias de A Fonsagrada y Castroverde, cuando presentaron los expedientes ante la Xunta, estimaban en torno a los 1.000 euros el coste mensual de cada plaza, cuando la pensión media en la provincia es de 596. Es obvio que ante esta realidad, serían muy pocos los pensionistas que se podrían permitir el lujo de residir en uno de estos centros, por lo que la única forma viable es que se concierten plazas por parte de la Xunta, como ocurre en otras de carácter privado, algo que la entidad autonómica rechazó durante años.
Con la llegada de Darío Campos a la presidencia de la Diputación, algo han avanzado las negociaciones en este ámbito, aunque fuese de forma simbólica. En la era Besteiro, no hubo ni conversaciones y solo intercambio de críticas por ambos lados a través de la prensa, porque el entonces inquilino del despacho principal de San Marcos solo estaba dispuesto a hablar del tema con su homólogo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y este ignoró una tras otras las más de diez peticiones de audiencia que le formuló el lucense. A Campos parece que no se le caen los anillos y ya se entrevistó con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, quien, al fin y al cabo, es el que tiene competencias en la materia. Pero, el responsable autonómico rechazó la posibilidad de concertar directamente plazas en los centros de la Diputación y la única salida que ofreció es que la entidad provincial participe, junto a las empresas privadas, en el concurso para la concertación de plazas en este tipo de instalaciones.
En todo este lío, que al final solo perjudica a los ancianos, porque la demanda de plazas supera ya a la potencial oferta, ambas partes tienen sus razones. La Diputación no puede exigir ahora a la Xunta que haga viables las residencias, porque, cuando decidió construirlas, lo hizo sin contar con el Gobierno autonómico y, es más, el equipo de Besteiro utilizó estos proyectos como muestra de lo que haría si, como entonces líder del PSdeG, llegaba a la Xunta, en contraposición con la política de recortes de Feijóo.
Por su parte, tampoco parece muy lógico que la Xunta quiera meter en el mismo saco a la hora de repartir las ayudas a la Diputación y a las empresas privadas que explotan este tipo de establecimientos. El equipo de Campos alega que la institución provincial es una entidad sin ánimo de lucro y que, como tal, debería recibir un trato distinto al de otras que, en el fondo, persiguen un beneficio económico.
La red provincial de residencias, concebidas como pequeños centros en los casco urbanos de las villas en contraposición a los macrogeriátricos, fue recibida en su momento con mucha ilusión por los ayuntamientos, porque respondía a una necesidad patente, pero su planificación estaba simplemente hilvanada. Ahora, cuando los edificios empiezan a materializarse, surge un problema muy difícil de solucionar, como es la gestión de los mismos, y solo el entendimiento entre las administraciones, que hasta ahora fue nulo, puede permitir que las residencias despeguen y no se conviertan en edificios que no sirvan para nada, como detesta Campos.
