Demasiados entes implicados y mucha burocracia impiden su correcto mantenimiento
"UNOS POR OTROS Y la casa sin barrer", sentencia un dicho popular que perfectamente podría ser aplicado en el caso de los cientos de kilómetros de cauces fluviales que hay en la provincia de Lugo. Los ríos se ahogan en los papeles y más papeles de una burocracia que dificulta, cuando menos, e imposibilita, en la mayor parte de los casos, actuaciones que aseguren el mantenimiento y mejoren las condiciones de esta riqueza, que no solo es medioambiental, ya que influye directamente en muchos otros aspectos de la vida de los vecinos, desde los meramente económicos a los culturales, sin olvidarse del puro ocio.
En el caso de la provincia de Lugo, hay tres administraciones implicadas en la gestión de los cauces: la central, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con competencias en los dos ríos más grandes y en todos sus afluentes, y de la Confederación Hidrográfica del Norte, que se ocupa de los de la cuenca del Cantábrico; la autonómica, por medio de la Consellería de Medio Ambiente, y la local, es decir, cada uno de los ayuntamientos por los que atraviesa un cauce, que son todos o casi todos.
En principio, la implicación de tal cantidad de administraciones podría plantear problemas de competencias, pero, según reconocen los expertos en la materia, la legislación es diáfana en este sentido, atribuyendo a cada una de las instituciones responsabilidades muy concretas que, en principio, no tienen por qué provocar fricciones. Las dificultades surgen a la hora de aplicar la ley, porque, sirva solo de ejemplo, para llevar a cabo la limpieza de un tramo de cualquier río, la entidad competente es la confederación hidrográfica que corresponda, pero para que esta dé permiso, previamente tiene que solicitar un informe a la Xunta, por las repercusiones que puede tener esa actuación, ya no solo en el cauce sino en su entorno medioambiental, y comunicárselo al ayuntamiento o ayuntamientos correspondientes. En definitiva, papeleo y más papeleo, que prolonga los trámites hasta convertirlos en eternos, haciendo desistir a muchos y desesperando a los más tozudos, porque un simple permiso puede tardar meses y meses, por no decir años, en ser tramitado, si no se pierde por el camino en los cajones de alguno de los despachos por los que pasan.
Para que esta compleja red burocrática funcione adecuadamente, resulta imprescindible una correcta coordinación entre las distintas administraciones, algo que los hechos evidencian que no existe o es muy precaria, porque parece que la mano derecha no se entera de lo que está haciendo la izquierda. Esto, en un caso que no resulte conflictivo, porque cuando aparece algún problema, la poca o nula coordinación desaparece y las administraciones, sobre todo si están gobernadas por distintos partidos políticos, suelen echarse la patata caliente de un tejado al otro sin solucionar el problema. Sirva como ejemplo, lo que está ocurriendo con el dique que se está construyendo en el Miño a la altura de la fábrica de la luz de Lugo, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de la capital, que ahora la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil exige que sea demolido, además de imponer una sanción al organismo local.
El sistema no funciona por varios motivos, empezando porque no hay trabajadores suficientes tanto en el ámbito administrativo como sobre el terreno. En estas condiciones, resulta imposible ejercer la necesaria vigilancia sobre los cauces para que no se produzcan infracciones. Las confederaciones y la Xunta tienen guardas fluviales, mientras el Seprona actúa en casos que supongan un delito penal, pero el personal es insuficiente y, al final, son las organizaciones ecologistas, especialmente Adega, las que denuncian.
¿Cómo solucionar este descontrol? Parece que lo más lógico es centralizar en una sola administración, en este caso la Xunta, todas las competencias en materia hidráulica y medioambiental, lo que aseguraría la coordinación de las actuaciones y además su interrelación con otros aspectos, desde el económico al cultural, que ya son de su competencia.
Hay que simplificar el papeleo que se mueve en torno a los ríos, al mismo tiempo que se realiza una planificación global de todos y cada uno de los cauces fluviales, con el objetivo de proyectar actuaciones que sean efectivas para su conservación y que no supongan simples parches. Si las administraciones siguen haciendo como hasta ahora, con inversiones aisladas sin coordinación alguna, los ríos, y con ellos toda la riqueza que acarrean, continuarán ahogándose en los papeles de la voraz burocracia y los intereses políticos.
