LA POLÍTICA tiene sus peculiaridades en el medio rural , como tantas otras cosas, porque meterse en este mundo supone para cualquier vecino una implicación personal y familiar muy superior a la de sus compañeros de las cabeceras de comarca y no digamos ya si la comparación se realiza con los de las ciudades. Presentarse como candidato en una lista electoral de un municipio pequeño, independientemente de la formación política de la que se trate e incluso de si es en un puesto de salida o no, supone tomar partido públicamente y ese compromiso se arrastra al ámbito puramente personal e incluso familiar.
La etiqueta del PP, del PSOE, del BNG o incluso de los independientes la llevan no solo en la casa consistorial sino también en el bar en el que desayunan, en el supermercado donde se avituallan, en el trabajo del que comen o al saludar al vecino que conocen de toda la vida y es casi de la familia. Sin embargo, en la mayoría de los municipios más rurales de la provincia, ese compromiso político parece que se diluye si el partido por el que se presentan no gana las elecciones, no puede gobernar, y hay que ejercer las funciones de control y supervisión del ejecutivo que le corresponden a la oposición, a una oposición que, salvo destacadas excepciones, en los concellos con menos población podría ser calificada de fantasma porque no se ve, parece desaparecida del panorama público y, como mucho, reaparece cada dos meses, cuando el alcalde convoca la correspondiente sesión plenaria, si es que lo hace.
En los municipios pequeños solo cobra el alcalde y el resto de los concejales reciben a lo sumo las dietas por asistencias a plenos o a juntas de gobierno
Ejemplos podrían ponerse muchos en la provincia de Lugo y de todos los partidos, pero, tal vez, el más evidente de esta situación es lo que ocurrió en Monterroso tras las últimas elecciones municipales. La sorprendente pérdida de la mayoría absoluta que el PSOE ejerció en este ayuntamiento en los últimos mandatos provocó una serie de renuncias en cadena, empezando por la del que había sido alcalde, Antonio Gato Soengas, que hizo tambalearse a los socialistas monterrosinos, porque parecía que nadie quería ejercer como concejal si no tenían las riendas de la institución.
¿Por qué es tan difícil ejercer la oposición en los concellos pequeños? Para empezar, el problema surge ya cuando los partidos intentan confeccionar una lista electoral en un municipio con pocos habitantes. La despoblación y el envejecimiento hacen que la tarea de conformar una candidatura sea en algunos casos toda una heroicidad, porque los jóvenes o la población de mediana edad suponen una mínima parte y, además, no resulta nada sencillo que la gente esté dispuesta a mojarse ante sus vecinos por unas siglas políticas. A todo esto, hay que añadir las presiones, familiares y laborales, que los de un bando ejercen sobre los potenciales candidatos del otro para que desistan de aventurarse en la política, con advertencias e incluso amenazas. Esta situación provoca que, salvo los cabezas de cartel y poco más, en las listas aparezcan a menudo nombres de personas que aceptan casi por compromiso o lealtad personal con el aspirante a alcalde y que tras las elecciones, si su candidatura no gobierna, solo están dispuestas a acudir a la casa consistorial cada dos meses para levantar el brazo en el pleno, según le indique el portavoz de su grupo.
Por otra parte, la política local exige mucho tiempo de dedicación si se quiere ejercer bien, porque se trata de la administración más próxima al ciudadano y, precisamente por eso, es necesario un conocimiento amplio de las demandas de los vecinos y de sus problemas del día a día. Hace falta tiempo y si no se gobierna, los concejales tienen que trabajar para ganarse el pan y, por lo tanto, su dedicación a la res publica es muy reducida.
La situación es totalmente distinta en los ayuntamientos de las ciudades, donde las dedicaciones exclusivas no se limitan al equipo de gobierno y se paga con sueldos públicos a concejales de la oposición para que queden liberados de sus responsabilidades laborales y puedan dedicarse al control del ejecutivo. En los municipios pequeños, sin embargo, solo cobra el alcalde y el resto de los concejales reciben a lo sumo las dietas por asistencias a plenos o a juntas de gobierno.
Esta realidad está muy lejos de cambiar, sobre todo tras la reforma legislativa de la Administración local, que implicó una reducción de competencias y también de autonomía para los ayuntamientos. La labor de control de la oposición es uno de los fundamentos del sistema democrático, de un sistema que, por lo tanto, cojea en los concellos pequeños por falta de interés de los propios implicados, pero también por una pertinaz escasez de medios.
