Los continuos hallazgos megalíticos solo se conservarán si se involucran Xunta y vecinos
LOS HALLAZGOS DE RESTOS arqueológicos, sobre todo de enterramientos megalíticos, en los montes de la provincia de Lugo se están convirtiendo en algo habitual gracias al trabajo de colectivos de personas preocupadas por la protección del patrimonio histórico-artístico, que desinteresadamente pasan sus horas libres pateando los senderos en busca de cualquier pista de vestigios prehistóricos. Estas asociaciones, que cuentan con especialistas entre sus miembros, están asumiendo una responsabilidad y realizando una labor que resultaría prácticamente imposible para cualquier administración, porque rastrear miles y miles de kilómetros cuadrados en busca del legado histórico no es baladí.
Los expertos aseguran que la riqueza del patrimonio que todavía permanece enterrado en el subsuelo de la provincia de Lugo es enorme. No es Roma, donde dicen que con meter bajo tierra una pala aparecen auténticas joyas arqueológicas, pero los montes de la provincia están salpicados de cientos de mámoas, dólmenes, petroglifos y castros que, en la mayoría de los casos, no están catalogados y ni tan siquiera se sabe que existen. En muchas ocasiones, solo algunos vecinos conocen la ubicación «dunhas pedras grandes no monte», que ni se imaginan que son un legado del hombre prehistórico.
Esa falta de conocimiento impide que los vecinos valoren en su justa medida los restos arqueológicos y es uno de los motivos del pésimo estado en el que se encuentran los que no están bajo tierra. Los atentados contra este patrimonio, en muchas ocasiones sin mala intención y en otras por intereses meramente económicos, van desde la simple utilización de parte de los restos para construcciones de alpendres, por ejemplo, hasta la plantación industrial de eucaliptos que destrozan construcciones funerarias megalíticas, pasando por intentos de arrasar un poblado prerromano completo para construir un complejo urbanístico, como ocurrió en 2007 con el castro de Atalaia, en San Cibrao, que no desapareció por la movilización de asociaciones culturales y vecinales.
Los defensores del patrimonio histórico lucense coinciden en que no es cuestión de excavar todo lo que hay escondido desde hace miles de años, pero también están de acuerdo en que resulta imprescindible catalogar lo que se va descubriendo por distintos motivos, pero fundamentalmente por asegurar su protección legal frente a cualquier actuación que pueda degradar su estado.
Aunque no haga falta dejar todos los restos al descubierto, algo materialmente imposible, exageradamente costoso y muy difícil de mantener, lo que sí sería factible son pequeñas actuaciones, fácilmente asumibles por los propios ayuntamientos, que permitirían la valoración de estos vestigios e, incluso, su aprovechamiento con carácter turístico. En ocasiones, sería tan sencillo como eliminar la maleza e instalar señalización y unos paneles informativos.
Esta misma semana, el colectivo Patrimonio dos Ancares, que está realizando una encomiable labor en esta zona de la montaña lucense, anunció el descubrimiento en Cervantes de otras seis mámoas en una zona en la que ya aparecieron cinco, lo que convierte este conjunto, en el que además se encuentra una de las pocas cámaras funerarias de piedra de Os Ancares, en uno de los que más enterramientos de este tipo conserva en la provincia de Lugo, con el de Lagoela (Paradela), Monte das Tenzas (Lugo) y Lousada (Xermade). El colectivo de defensa del patrimonio ha planteado la posibilidad de poner en valor este recinto con la ayuda del ayuntamiento y de la comunidad de vecinos que es la propietaria del monte en el que aparecieron los restos.
No es más que una idea, pero si fructifica, sería una propuesta a seguir en otros casos, porque permitiría, con un mínimo esfuerzo, conservar, aprovechar y disfrutar del legado histórico. Descubrir los restos es solo el principio de un largo camino, si lo que se pretende es preservar ese patrimonio y, mucho más, si además se intenta promocionarlo, obteniendo, al mismo tiempo, una rentabilidad económica sostenible. En ese proceso, ambicioso y complicado, es preciso el compromiso de todos los agentes implicados, desde las administraciones, que son las responsables de la protección del patrimonio, hasta los propietarios de los terrenos en los que aparecen los restos, generalmente montes comunales. Se trata en este caso, por lo tanto, de los propios vecinos, que muchas veces no valoran lo que tienen, porque lo desconocen y, hasta ahora, nadie se lo ha explicado. Si lo supieran, seguro que lo apreciaban como se merece.
