NO ES NADA NUEVO. En este país, la responsabilidad institucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia y cuando, tras unas elecciones, cambia un gobierno de color político, salvo raras excepciones, las transferencias de poderes se hacen a lo bruto. Hay varias modalidades para escaquearse desde la más burda de toma, ahí te queda eso y te las arreglas como puedas a las más delicadas, en las que hasta hay reuniones, pero el testigo se transfiere sin citar los auténticos marrones que quedan en los cajones de los despachos oficiales. La Diputación de Lugo no iba a ser una excepción, pero en este caso, la transferencia de poderes por parte de los diputados del PSOE, que dirigían la mayoría de las áreas, fue inexistente, simplemente no la hubo, ni reuniones con sus sustitutos ni simples llamadas telefónicas, nada de nada. Ellos no se ofrecieron y los populares tampoco lo reclamaron.
No ocurrió lo mismo con los diputados del BNG. Antonio Veiga y Mario Outeiro sí que comunicaron al nuevo gobierno las cuestiones que quedaban pendientes en sus distintas áreas (cultura, deportes, bienestar y turismo), mostrándose especialmente interesados por conseguir que se cumpliesen todos los proyectos que estaban en marcha o que tenían comprometidos. El resto del anterior gobierno, es decir los diputados socialistas que completaban el bipartito, desaparecieron como tragados por la tierra, a pesar de que en sus departamentos recaían las principales actividades de la Diputación, desde la cooperación con los ayuntamientos hasta las infraestructuras, pasando por las finanzas.
Los socialistas quedaron totalmente destartalados tras el pleno en el que sus divergencias internas provocaron la elección de la popular Elena Candia como presidenta de la institución provincial. Entre la nueva responsable y su antecesor en el cargo, José Ramón Gómez Besteiro, no hubo reunión alguna y el único interlocutor aparente era el nuevo portavoz del grupo provincial, Darío Campos, que ni formaba parte de la anterior corporación provincial, por lo que difícilmente, por mucho empeño que pusiera en la causa, podía informar al nuevo gobierno de lo que quedaba en cartera.
Así las cosas, la auténtica transferencia de poderes se hizo a través de los jefes de servicio, que fueron los que informaron puntualmente a la nueva presidenta y a su equipo de lo que habían dejado sus antecesores. Entonces fue cuando se enteraron de la herencia, la mayor parte indeseada, que dejó el bipartito.
En los cajones de San Marcos quedaron pendientes proyectos de todo tipo en marcha y sin terminar, como es lógico, pero algunos son especialmente escabrosos para el nuevo equipo de gobierno. Desde la oposición, los populares se opusieron desde el principio a la construcción y puesta en marcha de la red provincial de residencias de la tercera edad y ahora va a tener que resolver no solo el final de las obras, sino la fórmula para gestionar unas instalaciones que van a ser muy difíciles de mantener sin ayuda de la Xunta. Algo semejante ocurre con el centro de recría de la granja Gayoso Castro, unas instalaciones faraónicas que alguien tiene que poner en funcionamiento y llevar en el día a día, misión que no va a resultar fácil. Los populares sabían que les había caído ese marrón, pero lo que no se esperaban es que los proyectos, en algunos casos inaugurados por Besteiro en pleno periodo electoral, realmente no estaban en condiciones de entrar en funcionamiento, porque hay obras sin rematar y trámites sin realizar.
Pero, lo que le está ocurriendo ahora al PP, le pasó igualmente al PSOE y al BNG cuando llegaron a la corporación provincial en el 2007. El anterior presidente, el popular Francisco Cacharro Pardo, transfirió al bipartito una herencia que, además de indeseada, estaba envenenada.
Cacharro dejó aprobado un paquete de obras, por importe de la friolera de 50 millones de euros, en carreteras de la provincia de Lugo, obviamente en municipios que gobernaban los populares. Pero, en esta ocasión, los proyectos fueron adjudicados, aunque en muchos casos no hubiese tramitado las correspondientes expropiaciones y, por si fuera poco, la mayoría tampoco disponía de consignación presupuestaria.
Posiblemente, un danés no entendería este tipo de actuaciones, pero en este país y en Lugo en particular, dejar los cajones de los despachos cargados de herencias indeseadas y envenenadas cuando el electorado te manda a paseo es todo un clásico de la política, un mal endémico que parece imposible de erradicar.
