"O QUE que está pasando escenifica o esperpento que é este pleno e este mandato e non sei ata cando a cidadanía terá paciencia para aturar estes comportamentos". Esta acertada frase la pronunció el diputado nacionalista Xosé Ferreiro tras el pleno celebrado por la Diputación de Lugo esta semana, en el que el PP y el diputado no adscrito, Manuel Martínez, boicotearon la sesión, votando en contra de todos los puntos, estuviesen o no de acuerdo, tras negarse el presidente, el socialista Darío Campos, a debatir una moción del PP. Los representantes del BNG, que abandonaron el gobierno en el mes de junio, tras pactar el PSOE los presupuestos con los populares y Martínez, asisten atónitos, como el resto de los lucenses, a la sinrazón que se ha instalado en el pazo de San Marcos y que se ha convertido en un auténtico culebrón suramericano.
El río anda revuelto justo cuando el equipo de Campos tiene que negociar con la oposición el presupuesto para el próximo ejercicio, a no ser que pretenda hacer lo de este año y que las cuentas no se aprueben hasta finales de junio, con todas las repercusiones negativas que esta situación genera en los ayuntamientos, en la red asociativa y en el tejido empresarial de Lugo.
El gobierno provincial dice que ha asumido que está en minoría y que aprendió la lección, pero lo disimula muy bien o, por lo menos, eso es lo que se deduce de su comportamiento en el último pleno. Por mucha justificación jurídica que intenten buscarle a su negativa a debatir una moción del PP, lo cierto es que ni en la época del inefable Francisco Cacharro Pardo, que tuvo durante 25 años una sobrada mayoría absoluta, ocurrió algo semejante en el auditorio de San Marcos, como bien recordó Manuel Martínez, que siendo diputado socialista bregó y tragó carros y carretas durante años ante el todopoderoso presidente popular.
La situación es todavía más patética si se tiene en cuenta que el objetivo de la moción del PP era que se encomendase a Suplusa, sociedad urbanística dependiente de la Diputación, la construcción de las residencias de ancianos previstas para Becerreá, Portomarín y O Courel, unos proyectos que tienen consignación en el presupuesto de este año y que parecen haber sido olvidados en el cajón de alguno de los despachos del palacio de San Marcos. ¿Por qué? Posiblemente, porque hay una guerra abierta por el control de Suplusa entre los populares y Martínez, por un lado, y los socialistas, por el otro, que ha acabado en los tribunales, una batalla que a los ciudadanos ni les va ni les viene, porque lo que quieren son hechos, en este caso unos geriátricos que son muy necesarios.
Con este panorama, parece poco probable que los presupuestos para 2017 se aprueben en el pleno de finales de noviembre, como pretende el equipo técnico que dirige la diputada Mayra García, responsable del área de economía. El tiempo se echa encima y las negociaciones con la oposición no tienen calendario ni se le espera por el momento. De hecho, mientras la responsable de economía trabaja con este objetivo, otros miembros del gobierno provincial opinan que los presupuestos son prioritarios, pero no urgentes, y argumentan que, si se produce algún retraso, la culpa es del Gobierno estatal, porque a estas alturas el Ministerio de Hacienda no ha notificado a la Diputación la cantidad que le va a transferir el año que viene. En cuanto a lo ocurrido en el pleno del martes, acusan a la portavoz provincial y presidenta del PP, Elena Candia, de buscar protagonismo y de intentar saltarse a la torera la legislación, porque la moción que presentó no es competencia del pleno sino del presidente o de la junta de gobierno, algo discutible, como todo en derecho, pero injustificable en una corporación que debate cuestiones que nada tienen que ver con la provincia de Lugo y que son competencias de otras instituciones, incluso supranacionales.
Por su parte, en las filas del PP aseguran que hay predisposición para llegar a un acuerdo con el gobierno que permita que se apruebe el presupuesto del próximo año lo antes posible, porque dicen que son conscientes de que, en caso contrario, los que sufren son los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, y, por lo tanto, los vecinos. Sin embargo, también advierten de que no están dispuestos a que les tiendan la mano por encima de la mesa, al mismo tiempo que les pegan patadas por debajo, como ocurrió en el pleno del pasado martes.
El culebrón de San Marcos sigue sumando capítulos y todo indica que durará hasta las próximas elecciones locales del 2019.
