LA DIPUTACIÓN de Lugo todavía no ha aprobado el presupuesto de 2017, aunque en un principio el gobierno que preside el socialista Darío Campos tenía la intención de presentarlo, como era habitual en la época de Gómez Besteiro, en el pleno del pasado mes de noviembre, pero el proyecto aún no está maduro y habrá que esperar. El presidente provincial está buscando una salida más cómoda y rápida para las cuentas del próximo año que negociarlas con el PP, como hizo este. Por eso, en las últimas semanas ha mantenido contactos con el BNG y con el diputado no adscrito, Manuel Martínez, con el objetivo de llegar a un acuerdo y que el pleno apruebe los presupuestos.
El gobierno pone disculpas de carácter técnico para justificar el retraso, pero, la realidad es que está intentando liberarse del yugo que le puso el PP para aprobar las cuentas de 2016 y busca una alianza más natural, que, en el fondo, sería una especie de retorno al pasado, recuperando el bipartito PSOE (incluido Martínez) y BNG, aunque en un principio solo fuese un acuerdo puntual para el presupuesto.
Campos ya ha mantenido contactos con los nacionalistas y parece que ambas partes están siendo receptivas. El Bloque no pide mucho, solo un reparto equitativo de los fondos entre todos los concellos, que impida que se discrimine a los pocos ayuntamientos que gobierna en la provincia, y que los distintos fondos de los numerosos planes se concentren en uno solo para agilizar los trámites. Campos ya ha dicho que esa propuesta "incluso podo facela miña".
Habrá que esperar, cruzando los dedos para que el gobierno y la oposición, sea de una manera o de otra, consigan entenderse lo antes posible
Pero, los dos diputados del BNG no le llegan para sumar los 13 votos e imponerse a los doce que tiene el PP en la corporación provincial. De nuevo, Manuel Martínez se convierte en un elemento clave para que prosperen los planes del gobierno socialista y el alcalde de Becerreá lo sabe, sin desperdiciar la ocasión.
En su último encuentro con Campos, el diputado no adscrito volvió a repetirle que para que respalde los presupuestos tienen que integrarlo de nuevo en el grupo socialista y darle la responsabilidad sobre el área de infraestructuras, incorporándolo a la junta de gobierno. Hasta aquí, lo mismo que Martínez viene solicitando a sus antiguos compañeros de partido desde el mes de julio del año pasado, en el incumplido pacto de Nadela. Pero, ahora, además, el becerrense reclama una vicepresidencia y, como no se fía ni de su propia sombra después de lo ocurrido, le exige a Campos que, antes de darle su apoyo, tenga asegurado el de los nacionalistas, porque en caso contrario su voto no serviría de nada y para eso prefiere andar por libre, que le resulta más rentable. Es tal la desconfianza de Martínez, que pide todo por escrito, incluido el compromiso del BNG para respaldar los presupuestos.
Por el momento, ya se ha producido un gesto de buena voluntad. En el último pleno y por sorpresa, el equipo de Campos introdujo una moción por vía de urgencia para firmar un convenio con el Ayuntamiento de Becerreá que blinde la construcción y, es más, la gestión de la residencia, contemplada ya en los presupuestos de este año. Era un requisito imprescindible para el regidor como paso previo inexcusable para empezar a negociar el presupuesto de este año, pero no es suficiente, porque Martínez tiene nuevas demandas.
En cualquier caso, las exigencias del becerrense complican mucho la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, porque, por una parte, los nacionalistas todavía no han levantado su veto a Martínez, y nada parece indicar que lo vayan a hacer ahora, y, por otra, sus aspiraciones a la vicepresidencia supondrían desalojar del cargo a Álvaro Santos y eso es algo más que improbable.
Mientras tanto, la portavoz del PP, Elena Candia, se mantiene a la expectativa, consciente de la jugada que está intentando hacer Darío Campos para acabar con el poder de hecho que la popular tenía en la corporación como grupo mayoritario y con el respaldo de Martínez. Está abiertamente molesta con el presidente, al que acusa de rozar la prevaricación administrativa, por buscar todos los resquicios legales posibles para incumplir los acuerdos plenarios que no le gustan, pero no se cierra en banda a la hora de negociar el presupuesto e, incluso, coincide en algunos aspectos con el BNG.
Habrá que esperar, cruzando los dedos para que el gobierno y la oposición, sea de una manera o de otra, consigan entenderse lo antes posible y la entidad no vuelva a quedar varada durante meses, con todos los perjuicios que esto ocasiona a los ayuntamientos, a muchas empresas y al tejido asociativo de la provincia.
