HUBO UNA ÉPOCA en la política, a todos los niveles, desde el Gobierno a los ayuntamientos, en la que se puso de moda la constitución de entidades autónomas, aunque dependientes económicamente de las instituciones, para la gestión de cuestiones concretas, que iban desde el urbanismo a la cultura. Eran los chiringuitos políticos, en forma de fundaciones o empresas públicas, que, al margen de atender más o menos las funciones para las que fueron creados, servían para colocar a un buen número de amigos con sueldos desorbitados, y, sobre todo, para saltarse a la torera los controles legales a los que están sometidas las instituciones públicas.
Después, llegó la crisis con los recortes presupuestarios y los chiringuitos, que en algunos casos se habían convertido en auténticas administraciones paralelas, comenzaron a desinflarse y muchos desaparecieron del mapa.
En la provincia de Lugo, esa época de comadreo y despilfarro del dinero público coincidió con la era del popular Francisco Cacharro como presidente de la Diputación. Primero se constituyó el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), que como su propio nombre indica tenía como objetivo ayudar a los emprendedores, y tras él llegaron la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa), para la gestión del suelo público; la fundación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), diseñada inicialmente solo como escuela de imagen y sonido, y la más exótica y oscura de todas, la fundación Tor, encargada del Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia, que ocupó la finca del pazo monfortino del que tomó el nombre.
En 2007, con la llegada de los socialistas y los nacionalistas al poder en la Diputación y el inicio de la crisis económica, comenzó a programarse el desmantelamiento de los chiringuitos, aunque tampoco se dieron demasiada prisa. El primero y más sonado, en el 2009, fue el de la fundación Tor, porque, cuando los nuevos responsables de la institución provincial consiguieron entrar en las instalaciones, lo que se encontraron fueron cadáveres de animales muertos y todas las dependencias completamente destrozadas. Fue el ejemplo más evidente del desmadre en este tipo de entes autónomos, porque se trataba de un auténtico chiringuito de amigos financiados con dinero público, cuyos integrantes se lo pasaban de lo lindo volando a África para buscar especies exóticas o utilizando fondos de la fundación para pagar viajes privados de alguno de los miembros y toda su familia o para el arreglo de coches particulares.
Al margen de este escabroso caso, que finalizó con la disolución de la fundación, el bipartito (PSOE-BNG) decidió, en aras de la transparencia, solucionar la cuestión, pero no desmantelando los chiringuitos que quedaban, sino integrándolos en la Diputación, como ya hizo con el Inludes, o otorgándole funciones reales, como con Suplusa, que de no hacer nada pasó a gestionar los polígonos industriales y después la red de residencias de la institución.
Ahora, le toca el turno a la TIC. El vicepresidente de la Diputación, el socialista Álvaro Santos, anunció esta semana a los 34 trabajadores de la fundación la intención de integrarlos en el organigrama de la entidad provincial y para ello, ya se están elaborando los informes jurídicos, laborales y económicos necesarios. Al margen de incrementar la transparencia en la gestión del centro, que con el bipartito reforzó su labor educativa con la actividad del InLugo, la integración también busca una reducción de gastos (el presupuesto es de 1,5 millones), evitando duplicidades.
Aunque el equipo que preside Darío Campos asegura que este proceso estaba previsto desde hace tiempo, lo cierto es que el anuncio se produce después de conocerse que el PP tenía la intención de aprovechar la minoría del grupo de gobierno para controlar la TIC, como ya está haciendo con Suplusa. El PSOE podría tener serias dificultades para llevar a buen puerto la integración de la fundación, porque se precisa de un acuerdo del pleno, en el que está en minoría, pero el PP parece que no va a poner problemas y está dispuesto a que el proceso se desarrolle con normalidad, pero dentro de unos límites.
Los populares tienen, en principio, dos condiciones para respaldar la integración. Una es acabar con algunos sueldos que triplican los que cobran funcionarios de la Diputación con la misma categoría y la otra es que la colaboración con los concellos no se limite solo a los amigos. En resumen, que la TIC se integre en la institución para cumplir sus funciones y acabar así con otro chiringuito.
