Opinión

Referéndum inimaginable

En una ocasión en que fui invitado a unas jornadas en la Escuela Judicial de Barcelona por un magistrado, miembro del Consejo General del Poder Judicial, aprendí mucho, y como conclusiones de aquella experiencia recuerdo dos que desde entonces han influido mucho en mi visión de la Constitución, de sus límites, de los riesgos de su manipulación y la sentencia de que una cosa es el Derecho y otra la física recreativa, en el sentido preciso del primero y los riesgos de los intentos de subvertirlo. La otra conclusión, especialmente dirigida a los futuros jueces, que aparte de la exigencia de formarse adecuadamente es que debían salir de aquella escuela convencidos de que su primera cualidad a poner en práctica cuando comenzara a administrar justicia era «el sentido común». Por eso me deja perplejo que algunos que visten toga justifiquen no ya la amnistía, sino un referéndum consultivo en el que solo voten los ciudadanos con vecindad civil en Cataluña, entendiendo que lo ampara el artículo 92 de la Constitución.

Desde esta convicción, yo me pregunto si, salvo ejercicio de física experimental, alguien puede sostener razonadamente que el 16 por ciento de la población española pueda decidir si es preciso proponer, exigir o imponer, que es el término más adecuado, la reforma de la Constitución para desmontar el Estado tal y como lo configura la de 1978 y proceder a habilitar lo que, en todo caso, tampoco sería unánime criterio de los ciudadanos con domicilio en Cataluña que forman parte de ese 16 por ciento de la población. Pero jugando a su gusto con nuestra Carta Magna, ya vemos que algunos la proponen y amparan la celebración de un referéndum (disimuladamente deliberativo), cuando es obvio que los referenda (que es como se debe decir en plural) se hacen para algo, para que tengan consecuencias y efectos en su aplicación y no un mero ejercicio de consulta sin consecuencias. La consecuencia de lo que se proponen es una medida, cuyos efectos alcanzarían al otro 84 por ciento de los españoles, espectadores ajenos de lo que decidieran ese otro 16 por ciento por sí solos.

Pero vamos a lo del referéndum posible, según el artículo 92.1 CE, que dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados». Dice «todos», y todos es todos. No una parte, como algunos quieren decir, limitando la consulta a quienes, insisto en ello, tengan vecindad civil en determinadas parcelas del territorio nacional. Como señala Oliver Araujo (Cfr.Oliver Araujo, Juan, ‘El referéndum en el sistema constitucional español’ en Cuadernos de la Facultad de Derecho, 15 (Palma de Mallorca, 1986), págs. 95-148): «El referéndum consultivo es figura interesante, tanto por sí misma como, sobre todo, por lo que significa de nuevo intento de incorporar a una Constitución eminentemente representativa algunas fórmulas de democracia directa», añade.

Una vez que el jefe del Gobierno decide proponer la celebración de un referéndum consultivo tiene que solicitar autorización al Congreso de los Diputados, indicando los términos exactos en que haya de formularse la consulta. Una vez recibida solicitud, esta será debatida en el pleno. El debate concluye con una decisión concreta, que será comunicada por el presidente del Congreso al del Gobierno (art. 161 del Reglamento del Congreso de los Diputados). Solo si obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados, el referéndum se entenderá autorizado; en caso contrario, la propuesta del presidente del Gobierno habrá sido rechazada.

Señala Oliver que el aspecto «más importante y a su vez más problemático que plantea el referéndum sobre decisiones políticas del artículo 92 es el de precisar el alcance y significado del término «consultivo». O sea, que esa es la cuestión y donde aparece el sentido común. Hay otro aspecto no menos importante en esta cuestión: si el Gobierno estima que la decisión rechazada por los ciudadanos forma parte esencial de su programa gubernamental, deberá disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Pero si el Gobierno que ha perdido un referéndum consultivo considera que dicho resultado adverso no afecta esencialmente a su programa global y, en consecuencia, en vez de disolver el Parlamento, prefiere revocar su decisión anterior y adoptar una nueva en consonancia con la voluntad popular mayoritaria. Aparte de que, insisto en el sentido común, parece absurdo, por decirlo de modo templado, que el futuro del Estado y la modificación de la Constitución que lo define y sostiene lo decidan los avecindados en una parte del territorio, la trampa subsiguiente es la pregunta. ¿Cómo se puede sostener una pregunta como la que se propone para que no «todos» los ciudadanos se pronuncien sobre algo que afecta al conjunto, y que en todo caso deberían ser consultados, los vecinos de Calella decidan por los de la Almunia de Doña Godina? Pues a algunos les parece lo más razonable. Y es el paso que seguiría a la amnistía. Permanezcan atentos.

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