El comportamiento del juez Marlaska como ministro del Interior con respecto a los presos de Eta, resulta algo sorprendente; pero no se tiene en cuenta que le ha tocado ejecutar la política de los pactos y componendas entre Pedro Sánchez, el PNV y Bildu, en cuya transacción el objeto del trueque es disponer que poco a poco los terroristas, acercados primeros al País Vasco, luego a prisiones vascas, con la transferencia de éstas oportunamente, sean puestos en libertad.
O sea, do ut des. Dar para recibir: nuevas cesiones a cambio de los votos indispensables para seguir en la Moncloa, al precio que sea. No importa que se haya dicho que nunca se gobernaría contra los propios principios o que pactar con Bildu era una línea roja intraspasable y «nunca es nunca». Uno recuerda, en cambio, que Marlaska, que me contó personalmente su experiencia, en un encuentro que compartimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, fue un eficaz juez frente a Eta y por ello estuvo amenazado y con escolta.
Desde que Suárez pusiera en libertad a pertinaces criminales de Eta, que volvieron a matar, luego además mejorado con la amnistía del 1977, Eta ha logrado triunfos notables, como la reducción de penas gracias al viejo Código Penal de 1973, con falsos trabajos y estudios, y sobre todo con la anulación de la doctrina Parot que redujo de modo considerable las elevadas condenas a sus pistoleros. Pero nunca se llegó tal lejos como lo que vemos estos días. La Guardia Civil recoge en un informe al respecto la existencia de «contactos frecuentes» y reuniones desde 2019 entre Interior y colaboradores de Otegi donde se tratan peticiones y anticipan beneficios a etarras.
En la medida que va trascendiendo el contenido de los informes de la Guardia Civil sobre las actividades de la red de apoyo a los presos de Eta, cuesta creer que Marlaska haya tolerado que se consumaran con eficacia para los terroristas y su mundo el cauce que los actuales dirigentes del tenebroso mundo de Eta estableciera con el Gobierno de progreso, a través de dos cauces. Pero lo más vergonzoso e indignante es que uno de esos enlaces concluyera con el actual director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a través de Joseba Azkárraga ex consejero de Justicia del Gobierno vasco trasladaba sus impresiones al colectivo al que también le llegó a advertir de que los ‘ongi etorri’ (recibimiento de los presos) no eran bien vistos desde Interior.
La Guardia Civil recoge en un informe la existencia de «contactos frecuentes» y reuniones desde 2019 entre Interior y colaboradores de Otegi donde se tratan peticiones y anticipan beneficios a etarras
Pero por si en este episodio surgen sorpresas, no cabe otra mayor que recordar que Azkárraga es sobrino también de Luis Azcárraga Pérez-Caballero, general asesinado por Eta en 1988. Este político vasco está dedicado de pleno desde 2014, en que actúa como portavoz de ‘Sare’, la plataforma ciudadana en favor de los derechos de los presos, huidos y deportados vascos del grupo terrorista Eta. Ha dedicado gran parte de su actividad a lograr la puesta en libertad de los presos, con notable éxito en ese terreno.
La larga dedicación y experiencia de Azkárraga le sirvió, dado el marco general de cesiones de Pedro Sánchez al PNV y Bildu, para contribuir al diseño de los procesos de liberación de los presos vascos que, de uno u otro modo, siguen siendo recibiendo como héroes por una parte de la sociedad vasca. En apoyo de sus fines, el ex consejero de Justicia del gobierno vasco ha desarrollado también una creciente actividad internacional.
No obstante, la política de ir sacando a los presos de las cárceles ha tenido algunos reveses, dado que la Audiencia Nacional acaba de revocar el tercer grado que el Ministerio del Interior concedió el pasado mes de septiembre a Jon Crespo Ortega, preso de la banda terrorista Eta, por no hallar en él un «arrepentimiento expreso». La justicia tampoco encuentra una petición sincera de perdón a las víctimas en la carta tipo que el recluso envió a la Junta de Tratamiento y que fue dada por válida desde Instituciones Penitenciarias.
Este sujeto debe volver al segundo grado a la prisión en la que estaba, El Dueso (Cantabria), desde el centro penitenciario al que se le envió, el de Basauri (Vizcaya). El tribunal aduce que el miembro de la organización terrorista tan solo se reconoce como parte en los hechos y enmarca la violencia en lo que él define como un contexto de lucha política. Pero es una excepción. El PNV ha dejado claro que su objetivo es la total inserción de los presos de Eta en la sociedad vasca, y en las prisiones que ya controla ha puesto en marcha actividades tan insólitas como cursos de jardinería como actividad que se computa a favor de las mejoras de grado, permisos carcelarios y puesta en libertad definitiva.
Pero la guinda de todo esto ha sido la explicación de respaldo a la política de Grande-Marlaska que ha realizado la titular de de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras conocerse los contactos de su Ministerio con el entorno de los presos de Eta, de cara a la concesión de acercamientos y otros beneficios penitenciarios. Y, como si cupiera otra cosa sentencia que «el Gobierno se mueve en el ámbito de la Ley, de la Justicia y de las instituciones penitenciarias». Pero no ha negado los contactos.
