Opinión

La comparación obscena

Es sencillamente obsceno tratar de comparar la amnistía de 1977 con la que los consocios de Pedro Sánchez, antiguos y en perspectiva, le ponen como precio o tarifa para ayudarlo a que siga en la Moncloa. Aquella amnistía era un paso necesario para clausurar los efectos de la dictadura de Franco sobre aquellos que, como el hombre que la defendió en el Congreso, Marcelino Camacho, habían sufrido directamente sobre sus vidas su lucha por la libertad y la democracia. Y no es lo mismo aquella medida que abría un nuevo tiempo en la historia, con lo que ahora se pretende. Es decir, dejar sin efecto las consecuencias de todos los que, dentro de un contexto de libertades y democracia, quisieron romper con la Constitución que los amparaba a través de una serie de acciones delictivas conforme al Código Pena en vigor. Y es cierto que el marco general de aquella amnistía también benefició a dos segmentos que fueron un doloso precio incluido, al beneficiar a franquistas y a terroristas de Eta, que habían cometido asesinatos y volvieron a matar.

El paso primero de la amnistía y luego, del referéndum de independencia, según la hoja de ruta de los nacionalistas, responde ahora a una estrategia bien calculada y medida. Puigdemont y los suyos saben que deben ser cautos y prudentes. Pero no nos engañemos. Es evidentes que los enviados de Sánchez y de Yolanda Díaz, esta lo confiesa abiertamente, están negociando las cesiones que deberán cumplirse para que Junts permita, por activa o pasiva, que Sánchez siga en la Moncloa. Puigdemont tiene un programa de máximos, que coincide con ERC, cuyo objetivo es la mera desaparición del Estado en Cataluña, no sólo con las grandes metas, sino mediante cesiones simbólicas. El listado de las exigencias de Puigdemont responde a las reivindicaciones que el nacionalismo catalán ha ido exponiendo a lo largo de estos años, como la entrega del Cuartel del Bruc o la sede de la Policía de Vía Layetaba que supondría la victoria definitiva sobre dos odiados símbolos de la presencia del Estado.

Pedro Sánchez ha acusado más de una vez a Rajoy de ser el responsable del movimiento insurreccional de Cataluña y se refiere cínicamente que el único referéndum allí celebrado se lo hicieron a Rajoy, como si fuera contra el Gobierno y no contra la Constitución y el Estado. Puigdemont se despeñó por culpa de Rajoy, pero volverá triunfante con Pedro Sánchez. Y el inicio de la actual situación, que desencadena el procès es cuando aquel se niega otorgar el pacto fiscal que pretendía Artur Mas semejante al del País Vasco y todavía más. Es la misma canción y melodía que el resto de los españoles venimos oyendo a ritmo de sardana desde que en 1885 presentaron al Rey el ‘Memorial de Agravios’. Este documento, redactado en Castellano, se oponía al proyecto de tratado comercial con Gran Bretaña y proyecto del Código Civil. En el primer caso, porque amenazaba —decían— la economía de Cataluña por un lado y el derecho privativo catalán. Claro que tuvieron suerte con Franco años después, al mantenerse el famoso arancel que evitaba la entrada de paños británicos mejores y más baratos que los de Tarrasa, pero que perjudicaba la exportación de otros productos de otras regiones españolas. 

La debilidad de ese Estado, que ahora debe rendirse, para que Sánchez siga en la Moncloa, tiene también sus hitos. El catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban predijo hace tiempo lo que iba a ocurrir y ahora ocurre con precisa certeza, y adjudicó a la inconsciencia de Zapatero lo que ahora padecemos. En un análisis al respecto, vaticinaba el porvenir: «Un decisivo peldaño se había consumado en 2006, gracias al apoyo irresponsable de Zapatero, con la elaboración de un nuevo Estatut que nadie había exigido, salvo los nacionalistas catalanes y Pasqual Maragall». El texto aprobado por el Parlament era más bien una Constitución que una norma estatutaria. Decía de Esteban que el camino emprendido por los nacionalistas catalanes, desde los mismos inicios de nuestra actual democracia, evidencia sobre todo una cosa: su deslealtad constitucional. Y en ese sentido, recordaba que la Constitución fue aprobada en Cataluña por el 88% de los que votaron en el referéndum de 6 de diciembre de 1978, con un 67% de participación. Sin embargo, este apoyo masivo de los ciudadanos no fue correspondido por la nueva clase política catalana que comenzaba a gobernar, porque pronto empezaron a incumplir algunos preceptos constitucionales. El profesor de Esteban recordaba en su artículo que a través del Estatut de 2006, amparado por el irresponsable Zapatero, se atribuía a la Generalitat un número ingente de competencias exclusivas, que aparecían blindadas. A través de sus 223 artículos se pretendía de forma minuciosa ir desgajando detalladamente cualquier competencia en subcompetencias para evitar que el Estado pudiera legislar sobre ellas, a pesar de que en la Constitución aparecían como competencias exclusivas del Estado.

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