Como era de esperar, los que apoyan de la decisión del presidente Pedro Sánchez de otorgar el indulto a los condenados del procés han armado una batería de artículos contra el Tribunal Supremo, en los que desmenuzan el informe que dicho órgano ha enviado al Gobierno con su dictamen sobre los indultos. Cuestionan que el Supremo entre en el fondo de los hechos juzgados, los describa y analice, entendiendo que eso es meterse en cuestiones políticas, como si solo se esperara del mismo una abstracción jurídico-filosófica sin descender al fondo del asunto. Pero es que las descalificaciones trascienden de lo que es legítimamente opinable y entran ya en el orden personal de los jueces que forman el alto tribunal.
Kelsen nos enseñó que la palabra Estado es la expresión personificada del orden jurídico total. Es decir, el Estado es la Ley. El conocimiento jurídico otorga a determinados actos su carácter jurídico o antijurídico; o sea, que dichos actos se acomodan o no a la norma que los regula. Es fácil de entender. La voluntad de los ciudadanos se expresa a través de las normas que han sido establecidas en democracia a través de los adecuados instrumentos de creación de la Ley. Y al Gobierno le corresponde y la función de los gobernantes es acatar esa voluntad.
De ahí la incongruencia de que quienes, desde cargos amparados por el orden jurídico supremo del Estado, que es la Constitución, se aprovechen de los mismos y de los poderes que les proporcionan, cuya legitimidad y alcance nace precisamente de ese orden jurídico contra el que se alzan con actos consecuentes, para desmontar el Estado del que forman parte y vulnerar la Constitución que deben ser los primeros en respetar. Y eso no supone merma o impedimento para pretender cambiar ese orden jurídico, esto es para alcanzar los objetivos de sus ideas, siempre que se haga a través de los propios cauces establecidos para ello, en este caso, la reforma de la Constitución. Los sediciosos no fueron condenados —como arguyen—por sus ideas, sino por el modo en que pretendieron aplicarlas.
De la frivolidad con que algunos escriben es evidencia de que de manera coincidente se ha aludido a algo que nunca se produjo, el indulto a Tejero. En la búsqueda de antecedentes parecidos para armar los apoyos al indulto se ha ido a los que Felipe González otorgó en su momento a alguno de los condenados del 23-F o los que Aznar dispensó a Barrionuevo y Vera, por el asunto del GAL. Por cierto, que ambos personajes han manifestado que están en contra de que se aplique la gracia a los del procés y entienden que no existe paralelo alguno entre su caso y el de ellos.
En todo caso, con una postura confiada y condescendiente de que, pese a la oposición de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, y de destacados miembros de su propio partido, Pedro Sánchez otorgara la gracia del perdón a los reos de sedición, cabe preguntarse si eso va a contribuir a que los beneficiarios y sus correligionarios que ostentan el nuevo Gobierno de Cataluña se van a acomodar a las pretensiones que justifican la decisión del presidente. Parece ser que no. No solamente por la reiterada manifestación de alguno de los más expresivos condenados a que volverá a hacer lo mismo llegado el caso, o la común alegación de que no se consideran autores de delito alguno, sino de legítimos derechos de llevar a Cataluña a la independencia del modo en que lo hicieron y volverían a hacer. Cuando se vuelva a reunir de nuevo la mesa de encuentro del Gobierno del Estado con la Generalitat, lo primero que le van a poner sobre la mesa a Sánchez es bien conocido: amnistía y referéndum pactado para la independencia de Cataluña. O sea, que con los sediciosos indultados o no va a ser lo mismo. ¿O es que se espera otra cosa?
