LAS ‘FUENTES’ del Partido Popular avisan de que su presidente, Pablo Casado, acudirá a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin ánimo de llegar a ningún acuerdo de calado sobre los principales asuntos que están pendientes de resolver, afrontar la pandemia del Covid-19, aprobar los Presupuestos Generales del Estado y renovar los órganos constitucionales que tienen mandato caducado. No deja de resultar sorprendente que aquellos que no dejan de apelar al espíritu de la Transición se muestren dispuestos a realizar una labor de olvido selectivo mientras señalan a aquellos partidos que quieren acabar con el régimen del 78 haciendo saltar sus pilares básicos. Con una diferencia, quienes pretenden derribar la arquitectura constitucional no reúnen la masa crítica para intentarlo con éxito, mientras que otros traicionan ese espíritu por la vía de pensar solo en sus intereses partidistas, a la espera de que la legislatura sea corta y los ciudadanos vuelvan a evaluar las acciones de cada cual.
Casado acudirá a La Moncloa con su ‘plan b’ contra la pandemia, y con la recriminación de inacción del Ejecutivo, haciendo abstracción de las flagrantes contradicciones existentes entre lo que decían hace apenas unas semanas y lo que afirman ahora respecto a quién debía asumir las responsabilidades del combate a pie de calle. Un ejemplo. Los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP acaban de acordar tres puntos de actuación coordinada ante el comienzo del curso escolar, la reducción de la ratio de alumnos por aula, la apuesta por la mayor presencia posible de los alumnos en los colegios y el uso de mascarillas. Y un único punto de discrepancia con respecto a lo que ya ha propuesto el Ministerio de Educación, la realización de pruebas PCR al profesorado, lo que demuestra la similitud entre el plan ‘a’ y el ‘b’.
Pueden entenderse las reticencias de Casado a pactar los Presupuestos Generales del Estado, donde se plasma la política que va a realizar el Ejecutivo. Ningún partido de la oposición le da esa baza a un gobierno, sea de coalición o monocolor, porque estaría renunciando a ser alternativa. Pero presentarse a hablar con la exigencia de que el Gobierno se autodestruya deshaciéndose de Pablo Iglesias sin estar dispuesto a formar una gran coalición —como proponía Álvarez de Toledo— es jugar con ventaja. En esta ocasión, dadas las múltiples crisis a las que es preciso hacer frente, y ante unas cuentas que deben ser ‘de país’, Pablo Casado no puede pretender imponer postulados económicos que fueron derrotados en las urnas.
El PP, sin embargo, no debiera negarse a negociar la renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, de RTVE. Al evitar los cambios, en los que perderá su mayoría, está despreciando las instituciones que dice defender y en las que juega con ventaja. Cuando el pacto parecía encarrilado, dos acontecimientos políticos en la órbita de la derecha han truncado esa posibilidad, el cese de la portavoz parlamentaria del PP y la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que han motivado que esas conversaciones pasen a un nuevo periodo de hibernación para no quedar en evidencia.
Casado acudirá a La Moncloa con su ‘plan b’ contra la pandemia, y con la recriminación de inacción del Ejecutivo, haciendo abstracción de las flagrantes contradicciones existentes entre lo que decían hace apenas unas semanas y lo que afirman ahora respecto a quién debía asumir las responsabilidades del combate a pie de calle. Un ejemplo. Los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP acaban de acordar tres puntos de actuación coordinada ante el comienzo del curso escolar, la reducción de la ratio de alumnos por aula, la apuesta por la mayor presencia posible de los alumnos en los colegios y el uso de mascarillas. Y un único punto de discrepancia con respecto a lo que ya ha propuesto el Ministerio de Educación, la realización de pruebas PCR al profesorado, lo que demuestra la similitud entre el plan ‘a’ y el ‘b’.
Pueden entenderse las reticencias de Casado a pactar los Presupuestos Generales del Estado, donde se plasma la política que va a realizar el Ejecutivo. Ningún partido de la oposición le da esa baza a un gobierno, sea de coalición o monocolor, porque estaría renunciando a ser alternativa. Pero presentarse a hablar con la exigencia de que el Gobierno se autodestruya deshaciéndose de Pablo Iglesias sin estar dispuesto a formar una gran coalición —como proponía Álvarez de Toledo— es jugar con ventaja. En esta ocasión, dadas las múltiples crisis a las que es preciso hacer frente, y ante unas cuentas que deben ser ‘de país’, Pablo Casado no puede pretender imponer postulados económicos que fueron derrotados en las urnas.
El PP, sin embargo, no debiera negarse a negociar la renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, de RTVE. Al evitar los cambios, en los que perderá su mayoría, está despreciando las instituciones que dice defender y en las que juega con ventaja. Cuando el pacto parecía encarrilado, dos acontecimientos políticos en la órbita de la derecha han truncado esa posibilidad, el cese de la portavoz parlamentaria del PP y la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que han motivado que esas conversaciones pasen a un nuevo periodo de hibernación para no quedar en evidencia.
