Opinión

Otoño caliente

EL ANIVERSARIO de la salida de Juan Carlos I de España rumbo a la capital de Emiratos Árabes ha servido para que Unidas Podemos, a través de su secretaria general y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, lance un furibundo ataque al rey emérito y por extensión a la Corona por lo que considera "una huida" de España "en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos ante la ciudadanía". Pero además lanzaba una andanada al PSOE al criticar a "quienes impiden sistemáticamente que el Parlamento pueda conocer las actividades presuntamente ilícitas de la Corona", porque los socialistas se han opuesto a cualquier tipo de comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito.

Con ser una discrepancia grave y servir de munición a la oposición para atacar al Gobierno en su conjunto, y al jefe del Ejecutivo en particular por su ‘silencio cómplice’, no es este el enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno de coalición que más preocupa a la parte socialista, que se mantiene incólume en la defensa de las instituciones constitucionales "de la primera a la última" (Pedro Sánchez).

Aunque con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y el cambio de liderazgo en Unidas Podemos con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz al frente del grupo, se ha rebajado el tono de los enfrentamientos, estos no han desaparecido, sino que han estado aparcados con escaramuzas de declaraciones hasta que ha comenzado la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en los que se han de plasmar los planes de futuro.

Las diferencias sustantivas entre ambas patas del Gobierno siguen presentes y desde UP se insiste en que un Gobierno progresista, además de definirse así, tiene que demostrarlo con su acción política. Y ahí entran en juego las disputas entre la vicepresidenta y ministras de la parte económica —socialistas— y la posición de UP, que exige cumplir los acuerdos que firmaron ambos partidos para conformar el Ejecutivo.

La más patente de las divergencias es la relacionada con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que para UP es inaplazable un año más, sobre todo si se tiene en cuenta que la pretensión del Gobierno es «no dejar a nadie a atrás» y sería menos comprensible no abordar su incremento en un momento en el que los principales indicadores, muestran la recuperación de la actividad económica, las empresas comienzan a recuperar beneficios y los trabajadores más precarios sufren en mayor medida la subida de la energía y de los precios.

Asuntos también a resolver y sobre los que se avecina una dura pugna política son la reforma de la reforma laboral en sus aspectos más lesivos para los trabajadores, con las desavenencias conocidas sobre su amplitud y bajo la lupa de Bruselas; la ley de vivienda con la limitación de los alquileres, y el fracaso de la primera reunión al respecto de la nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez, con Ione Belarra; la ‘ley mordaza’, todavía sin modificar; la siempre pospuesta reforma fiscal, con la implantación de la fiscalidad verde, y, por resaltar el último motivo de disparidad, la oposición de UP a la ampliación del aeropuerto del Prat pactada entre el Gobierno y la Generalitat, sin que el asunto se hubiera debatido en consejo de ministros.

Se avecina un otoño caliente, pero dentro del propio Gobierno.