DE MOMENTO. La juez que investigaba al delegado del Gobierno de Madrid como supuesto autor de un delito de prevaricación por haber permitido la celebración de la manifestación del 8-M ha archivado la causa por falta de pruebas de que José Manuel Franco hubiera incurrido en un delito, porque no se ha encontrado ningún documento, ninguna instrucción en la que se le advirtiera de los riesgos y consecuencias para la salud de los asistentes. El archivo de la diligencia es provisional a expensas de que acabe apareciendo algún dato nuevo o de que la Audiencia Provincial decida reabrir la causa. Una posibilidad bastante improbable después del auto de la juez de instrucción del 51 de Madrid y porque en ambientes jurídicos existe el convencimiento de que el archivo "era de libro".
Las consecuencias de la decisión de la juez son varias. La primera, que ya no hay caso 8-M, con lo que la oposición tendrá que buscar un nuevo mantra con el que culpar al Gobierno de las consecuencias de la pandemia. El asunto ya está enfocado porque ahora las críticas y el enfrentamiento se ha trasladado a la indigna pelea sobre lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos y de quién es la responsabilidad de los fallecidos en estos centros, si del ‘mando único’ ejercido por el Gobierno o de las comunidades autónomas que conservaron las competencias sobre ellas. Como el asunto está judicializado por distintas vías, y ante la irresponsabilidad de los políticos de uno y otro signo que se echan los muertos en cara, habrá que esperar a ver las decisiones judiciales.
La decisión de la jueza tiene también una lectura puramente judicial después de que haya dado la razón tanto a la Fiscalía de Madrid como a la Abogacía del Estado, que pidieron el archivo de la causa, por la serie de irregularidades producidas durante la instrucción, que se realizó en un periodo en el que las actuaciones judiciales estaban limitadas por el estado de alarma de lo que se ha seguido la indefensión del acusado. Ambos órganos jurídicos han sido denostados y acusados de actuar instrumentalizados por el Ejecutivo. Sin embargo, sus posiciones son las que han prevalecido, mientras que se han caído por su propio peso —muy leve— el informe realizado por la Guardia Civil, plagado de falsedades, tergiversaciones e incoherencias que fueron desmontadas por los testigos llamados a declarar, y el realizado por el forense —otra rara diligencia cuando se trataba de un presunto delito de prevaricación administrativa— que predecía que la manifestación provocaría una "hecatombe" basándose en el sentir popular. Por no hablar de la inconsistencia jurídica de la declaración off the record de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la disminución de la asistencia a la manifestación, que se quiso hacer pasar por una prueba definitiva.
Sin embargo, la derivada política del ‘no caso’ del 8-M relacionada con la actuación del ministro del Interior y la supuesta injerencia en la separación de poderes por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con el terremoto que ha creado en la Benemérita, está lejos de quedar resuelta. Quizá Grande-Marlaska se precipitó en el cese, a la vista de la decisión judicial. Quizá había una marejada de fondo que vendría de atrás.
