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Mal arreglo

Ya tiene mal arreglo renegociar el acuerdo alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) sobre la intención del Gobierno de utilizar el remanente de caja de los Ayuntamientos para devolverlo en diez años y compensarlo con una inyección de 5.000 millones de euros entre este año y el próximo. Que una institución acostumbrada a tomar las decisiones por unanimidad haya sacado adelante el acuerdo con el voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ya indica que algo no ha funcionado en la negociación. Que alcaldes de todos los signos políticos, incluidos varios pertenecientes a los partidos del Gobierno de coalición es otro síntoma de que algo no ha funcionado a la hora de buscar el consenso.

El Gobierno se encamina a sufrir una de sus principales derrotas parlamentarias en la votación del real decreto ley que formaliza el acuerdo si no se produce una renegociación de sus términos. Pero a estas alturas los partidos políticos de la oposición y de las minorías que permitieron la investidura parecen más interesados en que el Ejecutivo muerda el polvo que en alcanzar un nuevo acuerdo que liberara los remanentes para determinadas inversiones. En el caso del PP supondría reconocer que es preciso soltar ya el corsé que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a los ayuntamientos.

De no arreglarse el desaguisado —Pedro Sánchez abre el camino y María Jesús Montero parece que lo cierra, al menos de momento— el Gobierno puede sumar al fracaso político un fiasco económico, porque los 14.000 millones con los que esperaba contar quedarán reducidos drásticamente dada la oposición a ceder sus remanentes de los alcaldes de las principales ciudades y que poco alivio supondrán entonces a disminuir la deuda pública en un momento en el que España, afortunadamente, no tiene problemas de encontrar financiación en el exterior.

La cesión de los remanentes municipales ha dejado de ser una cuestión económica para ser un debate político, un elemento más de la oposición para desgastar al Gobierno que ha cometido un fallo de estrategia. Poco importa a estas alturas que la cesión de los remanentes sea voluntaria y que quienes no participen de la iniciativa seguirán con la mayor parte de esos fondos guardados en un cajón, tal como establece la ley Montoro de estabilización financiera, y sin acceso a los nuevos fondos previstos. Los ayuntamientos que desempeñaron un papel clave en ese proceso a partir de 2012 gracias a sus superávits. De la misma forma que el Gobierno se ha equivocado al no buscar el consenso, también los alcaldes que renuncian a utilizar los fondos de sus consistorios y a disponer de más dinero deberán dar cuenta de porqué siguen defendiendo una ley que les maniata en un momento de crisis social en la que disponen de dinero.

El Gobierno tiene tiempo para rectificar y buscar un acuerdo que ya se antoja improbable dada su debilidad parlamentaria. Y aunque lo sacara adelante los efectos buscados de contar con un buen fondo procedente de los remanentes quedarían en manos de las mayorías de cada consistorio, y muchos alcaldes que ya se han mostrado contrarios al acuerdo de la Femp preferirán sostenella y no enmendalla.

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